Foto: Archivo EE

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, la minuta que reforma la Ley de Desarrollo Social, encaminada a fortalecer las políticas de combate a la pobreza, marginación, desigualdad y exclusión social.

De último momento y a nombre del PRI, Beatriz Paredes Rangel (PRI) propuso, y así se aceptó, adicionar un párrafo al artículo quinto, que precisa:

“Las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, el órgano superior de fiscalización, el IFAI, tendrán acceso a la información contenida en las bases de datos y los padrones de beneficiarios de los programas sociales mediante solicitud debidamente fundada y de conformidad con la reglamentación respectiva’’.

Al fundamentar el dictamen, que se turnó de vuelta al Senado por haber sufrido cambios, el priísta José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, explicó que la enmienda pretende fortalecer las políticas de combate a la pobreza y tiene que ver con el tema de la transparencia, de integralidad y de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Crea además un Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo, y busca transparentar el funcionamiento de los servidores públicos, evaluar el impacto en la planeación y en los programas de la política de desarrollo social y fortalecer al Coneval, como un instituto independiente con mayor autonomía.

Desde la óptica de Martín García Avilés (PRD), se consideró oportuno que en aras de la transparencia los apoyos en efectivo para los beneficiarios de algunos de los programas sociales se realicen mediante el empleo del sistema bancario nacional o establecimientos con presencia regional, a efecto de tener un mayor control de los recursos públicos y, con ello, una mayor rendición de cuentas.

Por su parte, el panista Gerardo Cortez Mendoza explicó que con los cambios se emitirán recomendaciones a las instancias de evaluación a nivel local para mejorar su desempeño, y propondrá a las dependencias federales una estrategia que permita medir los avances en sus programas.

“También se establecen disposiciones que abonan a una mayor transparencia en la aplicación de los recursos a nivel estatal, al establecer la obligación de las entidades federativas a publicar sus reglas de operación, informar a la Auditoria Superior de la Federación sobre el avance, ejercicio y resultados de la aplicación de los recursos federales’’, completó.

rramos@eleconomista.com.mx

apr