La violencia en municipios del país desató nuevos fenómenos en México: los desplazados y las ciudades semidesiertas, el desempleo a niveles hasta 101% -de acuerdo con datos del 2008 y del 2009-, el éxodo empresarial y la descomposición del tejido social.

“Los hechos sangrientos, los miles de muertos, el éxodo ciudadano, los establecimientos cerrados, los empresarios sujetos a extorsión, los miles de desempleados, la industria colapsada, no piden ni admiten controversia o relatividad. Es la realidad cruda y descarnada”, narra el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, Ramón Galindo (PAN).

“Basta caminar por las calles desiertas de algunas de estas ciudades, antes bulliciosas, en las que había una actividad social y económica pujantes, para constatar que también han sido devastadas y requieren nuestra ayuda inmediata”, refiere.

El legislador asegura que con base en cifras del INEGI, el desempleo en las zonas más conflictivas del país a causa de los enfrentamientos entre policías y el crimen organizado, se ha incrementado hasta 101%, en ciudades como Tijuana, Chihuahua, Hermosillo, Saltillo, Monterrey y Tampico.

El legislador reflexiona que las comunidades que históricamente han sido las más pujantes y que han aportado más al Producto Interno Bruto y al desarrollo económico de México, como Monterrey, “se están muriendo”.

“Sectores como el industrial, de la construcción, turístico, de entretenimiento y gastronómico, entre otros, han sufrido pérdidas cada vez mayores, ocasionando el cierre de muchos establecimientos, sin que se haya instrumentado por parte de los gobiernos estatal y federal ninguna estrategia que busque paliar este terrible panorama; más allá de las acciones de corte estrictamente policial que ya han sido sucintamente enunciadas.

Destaca, además del éxodo ciudadano, la inseguridad extrema que ha orillado a varias empresas a trasladar sus operaciones al extranjero, sobre todo en ciudades fronterizas de Estados Unidos como Brownsville, Texas; San Diego, California y Nogales, Arizona.

Ramón Galindo asegura que son varios los nuevos fenómenos que se han presentado en México a causa de la violencia desatada por el narcotráfico y el crimen organizado, como la migración masiva de mexicanos al extranjero o a zonas más seguras dentro del propio territorio nacional. Cita como ejemplo el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, por ser uno de los más emblemáticos.

“En este municipio se han hecho estimaciones en el sentido de que arriba de 100,000 ciudadanos han emigrado a la vecina ciudad de El Paso, Texas, en Estados Unidos de Norteamérica”, dice.

Otro es la nula interacción social, toda vez que las familias que se sienten “atrapadas” en sus propias comunidades prefieren quedarse dentro de sus casas.

Las familias desintegradas y niños huérfanos cuyo futuro se augura incierto es otro fenómeno, dice el Senador.

Declaratoria de emergencia

Finalmente, Galindo Noriega considera necesario que a aquellos municipios que han visto afectadas severamente sus actividades comerciales a consecuencia de la extrema inseguridad y la violencia, sean objeto de una “declaratoria de emergencia”por el gobierno federal, equiparable a la de “zona de desastre”, como cuando ocurren fenómenos naturales.

Galindo promueve en el Senado un punto de acuerdo para pedir al presidente Felipe Calderón que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorgue incentivos fiscales en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la población de aquellos municipios cuyas actividades económicas hayan sido o estén siendo afectadas por la extrema inseguridad que se vive en el país.

jmonroy@eleconomista.com.mx