Con una marcada ausencia de senadores, pues no más de 80 de los 128 acudieron, el Senado reactivó ayer sus tareas legislativas, en medio de un ambiente donde la propuesta del PRI de reducir de 16 a 12% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) acaparó el tema de conversación entre los legisladores.

Poco antes de la 1:00 de la tarde de ayer, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones (PRI), llegó a la vieja casona de Xicoténcatl que, a falta de la conclusión de la nueva sede, servirá para las sesiones por lo menos hasta marzo próximo.

Ahí ya esperaban el arranque de la sesión los senadores panistas Juan Bueno y Rubén Camarrillo, quienes por espacio de 15 minutos intercambiaron con Beltrones opiniones acerca de la propuesta del PRI de reducir la tasa del IVA.

Beltrones defendía la propuesta que presentaron con bombos y platillos senadores y diputados el pasado viernes en el Palacio de Minería, aunque el lunes pasado los propios diputados del tricolor a través de su coordinador, Francisco Rojas, desconocieron la propuesta.

Entre risas y bromas, Camarillo y Juan Bueno ofrecieron a Beltrones su respaldo a la iniciativa, aunque -dijeron- con cambios, porque a los panistas les interesa llevar a cabo una reforma fiscal que, además de una revisión a los impuestos y la forma en que éstos se cobran, ponga reglas al gasto federalizado en los gobiernos estatales.

Los panistas expusieron su intensión de que se faculte al Congreso para leyes reglamentarias de endeudamiento de entidades y municipios.

En ese marco, entre saludos de camaradería, los senadores desahogaron en menos de dos horas los asuntos en cartera. La sesión concluyó a las 2:57 de la tarde y este jueves volverán a sesionar. Con tres meses por delante, los senadores tienen como pendientes reformas consideradas la joya de la corona, como la reforma política, el Mando Único Policial, la ley antilavado de dinero, la reforma política del DF y el cambio al fuero militar para que los elementos castrenses que cometan violación a los derechos humanos durante sus tareas de seguridad sean juzgados por tribunales civiles y no militares, como hasta ahora.

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