La identidad legal y jurídica es necesaria para proteger a los ciudadanos de abusos y engaños, así como de actividades del crimen organizado como el tráfico y la trata de personas, puntualizó la representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Rubí Karin Blancas Orduña.

Durante el registro para obtener la cédula de identidad para menores en una escuela primaria de León, Guanajuato, -acto encabezado por el secretario Francisco Blake- Blancas Orduña dijo que la garantía del derecho a la identidad legal y jurídica es “un gran paso” que da el gobierno de México a través de la emisión de esta cédula.

“Una persona que pueda hacer valer el reconocimiento y acreditación de su identidad puede demandar y practicar sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, laborales y culturales. Además, se le facilita también el acceso a servicios y a programas públicos”, afirmó.

Posteriormente, la Oficial Nacional de Programas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hizo referencia a la protección que otorga la identidad legal y jurídica contra abusos y acciones de la delincuencia.

“Otros delitos como el secuestro, la extorsión, el robo, la suplantación de la identidad de la persona, entre otros, podrán ser mejor prevenidos y atendidos tanto por las autoridades como por la población”, añadió.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, aseveró que la cédula “no es un proyecto” del gobierno federal, “sino un deber del Estado mexicano que había que cumplir tarde o temprano”.

Afirmó que con la expedición de la cédula el Estado mexicano cumple “después de dos décadas” con el deber establecido en la Constitución y con el mandato de la Ley General de Población, “que establece la obligación de la Secretaría de Gobernación de registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad”.

Mientras, en la Cámara de Diputados, con excepción del PAN, exhortaron al Ejecutivo federal a detener la implementación del proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana. Legisladores solicitaron a la Segob a frenar la instrumentación del referido programa hasta en tanto se reforme el marco jurídico correspondiente y se den garantías de seguridad a los mexicanos y organismos públicos que han manifestado reservas sobre el particular.

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