Senadores y diputados federales del PRI, PAN y PRD calificaron como una violación brutal a la soberanía de México y al derecho internacional, así como al Plan Mérida, haber instrumentado, por parte del gobierno estadunidense, la operación Rápido y Furioso, que introdujo armas a México y resultó fallida.

“El gobierno de México necesita explicar qué sabía del asunto y cuál va a ser su reacción ante este asunto’’, afirmó Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el perredista Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, advirtió que, por un lado, el gobierno estadounidense está proporcionando medios para que México combata al narcotráfico y, por el otro, están proporcionando armas para que ataquen al Estado mexicano. “Por lo tanto, es contradictorio, y la única respuesta es hacer cesar el Plan Mérida’’.

Mientras que para Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la bancada del PAN en la Cámara Baja y presidenta de la Junta de Coordinación Política, se requiere de una respuesta más contundente del gobierno mexicano a su contraparte estadounidense para que asuma con mayor compromiso su obligación de frenar la venta de armas en la frontera con México.

Mientras que en el Senado, la excanciller y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rosario Green (PRI), Tomás Torres (PRD), y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Luis Alberto Villarreal (PAN), calificaron como un acto brutal la operación Rápido y Furioso . “Me parece que fue una violación brutal a la soberanía de México, y que Estados Unidos violentó su propia ley, con un acto ilegal de exportación ilegal de armas y violó cuanto Tratado Internacional”, dijo Green.

Cuestionada sobre si el gobierno mexicano debe ser más enérgico para pedir una explicación, Green consideró que, si bien la canciller Patricia Espinosa, ya hizo a Estados Unidos un reclamo, “no es suficiente”.

El senador Tomás Torres (PRD) afirmó que el operativo en el que Estados Unidos ingresó armas a México para conocer la ruta que seguían y saber en qué momento las utilizaría el crimen organizado, demuestra la poca colaboración que existe de parte de EU hacia la lucha anticrimen de México, además de que deja al descubierto que el negocio del vecino país del norte es el del tráfico de armamento. “No hay una coordinación auténtica del gobierno norteamericano con el mexicano”, infirió.

Torres explicó que el Congreso y el gobierno mexicano son omisos en cuanto a una ley que considere como delito las faltas que cometan ciudadanos extranjeros en México.

Luis Alberto Villarreal declaró que el operativo Rápido y Furioso “fue un proyecto inadmisible que requiere una explicación formal de parte del gobierno estadounidense hacia México, porque desde luego que trastoca la confianza y los ánimos de colaboración conjunta”.