El Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, Rodrigo Escobar Gil, exhortó al gobierno mexicano a promover acciones y medidas necesarias para actuar con la debida diligencia al investigar desapariciones forzadas, sancionar a los culpables y apoyar a las víctimas.

Luego de la visita de trabajo a México, entre el 26 y el 30 de septiembre, alertó sobre el aumento de denuncias por desaparición forzada.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay más de 5,000 denuncias de personas desaparecidas, sin contar a los individuos que no tienen denuncia, mismas que no han recibido respuesta estatal rápida y eficiente, pues al no existir mecanismos de búsquedas efectivos, no hay investigaciones oficiales y no existen programas de asistencia a las víctimas.

Por otro lado, expresó su preocupación por los desafíos que enfrenta el país con el aumento del crimen organizado, lo cual se refleja en el índice de asesinatos, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y tráfico de personas.

Reportó que entre el 2008 y el 2010 la violencia criminal ha aumentado 50% cada año.

Los datos indican que 34,612 personas han sido asesinadas entre diciembre del 2006 y diciembre del 2010, con 15,273 asesinatos ocurridos en el 2010.

Escobar Gil expuso que muchos de los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, las desapariciones, el tráfico de drogas y el tráfico de personas atribuibles al crimen organizado, en ocasiones cuentan con la participación de elementos corruptos de la policía y órganos del Estado, “lo que les habría facilitado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos propiciándose la impunidad”.

Respecto de la participación de las Fuerzas Armadas en esta lucha, la CIDH reiteró su alerta debido a que carecen del entrenamiento adecuado para al control de la seguridad ciudadana y corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos, combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia interna.

Sobre el arraigo

La CIDH reiteró su preocupación por la figura del arraigo, considerada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta a la autoridad judicial para detener a una persona entre 40 y 80 días, sin acusación formal, utilizada en el ámbito federal para crimen organizado.

El relator sostuvo que la CIDH recibió denuncias sobre la utilización de esta figura para arraigar a sospechosos en casas particulares, hoteles e instalaciones militares sin el respeto de las garantías judiciales.

Agregó que personas arraigadas han denunciado que son víctimas de tortura con el objeto de obtener confesiones.

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