De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), otorgar poderes y facultades -como pueden ser las policiales- a las autoridades locales crea “un obvio incentivo” para la intervención del crimen organizado.

“Incluso, en países pequeños, la cooptación de instituciones nacionales (sea a través de contribuciones de campaña, sobornos o la amenaza de violencia) es para los narcotraficantes una tarea mucho más difícil, costosa y visible, que la de asegurar la ‘cooperación’ de las autoridades locales”, se plantea en el libro Política, dinero y poder. Un dilema para las democracias de las Américas.

Así, pues, los procesos de descentralización de la política pueden representar riesgos en materia electoral, como quedar fuera de los controles financieros y estar en vulnerabilidad ante la intervención del crimen organizado.

De acuerdo con el libro impulsado por la OEA, la descentralización de la política abre nuevos campos para la competencia electoral; sin embargo, se alerta que estos niveles de competencia se encuentran fuera del alcance de controles financieros que operan en las campañas a nivel nacional.

Cabe recordar cómo en México las campañas federales -es decir, para Presidente de la República, senadores y diputados- son fiscalizadas por el Instituto Federal Electoral (IFE), mientras que las de Gobernador de cualquier de los estados son auditadas por las autoridades electorales de cada entidad.

Además, en el documento -presentado en el marco del II Foro de la Democracia Latinoamericana, que organizó el IFE- se recuerda que son las autoridades locales las que con frecuencia tienen el poder de combatir o proteger las actividades criminales en una determinada localidad.

“Cualesquiera que sean los beneficios de la descentralización (de la política) en América Latina, es preciso no olvidar el riesgo que comporta al facilitar la cooptación de las elecciones e instituciones locales por parte del crimen organizado”, se advierte.

En el libro se puntualiza que la financiación ilícita de la política puede tener origen legal o ilegal.

“En el primer caso (origen legal), el problema no radica en su origen sino en su uso, cuando es empleado para corromper y sobornar. En el segundo (ilegal), se trata del dinero que proviene del crimen organizado”, se consigna.

mauricio.rubi@eleconomista.mx