IFAI ordena destruir los datos
El fracaso del Renaut llevó a su desaparición
La derogación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) creado en febrero del 2009, ordenada por el Poder Legislativo en la Ley de Geolocalización, sí será indispensable, coincidieron Arturo Zamora Jiménez (PRI) y Camilo Ramírez Puente (PAN).
Rolando Ramos / El Economista
Mar 4, 2012 |
20:09
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La derogación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) -creado en febrero del 2009-, ordenada por el Poder Legislativo en la Ley de Geolocalización, sí será indispensable, coincidieron Arturo Zamora Jiménez (PRI) y Camilo Ramírez Puente (PAN).

La Ley de Geolocalización aprobada el jueves pasado obliga a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones a colaborar de manera directa y en tiempo real con las autoridades judiciales en caso de actos ilícitos de la delincuencia organizada, en secuestro, extorsión o amenazas,
Al derogar el registro, detallaron por separado los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a El Economista, se evitará tener figuras que en la práctica provocan lo que se llama conflicto de normas e interpretaciones que, al compararlas, generan vacíos jurídicos.

“Se deroga (el Renaut) porque su finalidad era poder combatir, esencialmente a través de la propia autoridad, el origen de las llamadas telefónicas, lo cual se tenía que hacer a través de una petición escrita del Ministerio Público, en un formato un tanto cuanto burocratizado. Ya con la reforma será en automático el planteamiento que se tiene que hacer a las concesionarias, sin necesidad de que lo haga una tercera autoridad, que estarán obligadas a dejar sin efecto el servicio”, detalló Arturo Zamora Jiménez.

A la fecha y mientras entra en vigor la reforma aprobada el 1 de marzo, la petición correspondiente para colaborar con las autoridades judiciales en caso de llamadas amenazantes, de extorsión o secuestro, que antes se tenía que hacer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del área correspondiente, ahora será responsabilidad del Ministerio Público, de manera directa, que deberá solicitará a las empresas concesionarias de telecomunicaciones que bloqueen el servicio empleado para delinquir.

Zamora Jiménez reconoció que hay mucha incertidumbre e inclusive temor de los ciudadanos de que se mal utilice la información que depositaron en el Renaut.

“Hay mucho temor de que se pueda, en un momento dado, entregar bancos de información, de datos, pero eso está prohibido de acuerdo con la reforma que se hizo el año pasado a la Ley de Acceso a la Información. Ya tipificamos como delito entregar información de esta naturaleza y eso sería cometer un delito”, agregó.

Con independencia de los costos del Renaut, los legisladores -dijo-­ se dieron cuenta de que el Registro no generaba el resultado esperado.

“La sociedad demandaba una figura ágil y certera, y ahora ya entregamos a los ministerios públicos de todo el país, a todas las unidades especializadas en materia de secuestro y a todos los que investigan extorsión, un instrumento eficaz y muy ágil, y sobre todo el imperativo a los centros de reclusión para que inhiban señales. El asunto está en manos del Ejecutivo y esperamos que sea de utilidad para que disminuya el impacto de los delitos de esta naturaleza”, detalló.

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) pidió a las autoridades destruir los datos del Renaut. Aseguró que dará “estricto seguimiento al proceso”.

TIENEN 16 REFORMAS PENDIENTES

No abatiezago

La aprobación de la Ley de Geolocalización y la derogación del Renaut en nada modifica el rezago del Congreso, que no ha aprobado 16 leyes fundamentales para el combate a la delincuencia y la defensa de los derechos humanos, dice el Observatorio Nacional Ciudadano. Se trata de cambios esenciales para que la reforma de justicia se aplique en el 2016, como está previsto, entre las que están la reforma al Código Militar, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones y la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

(Con información de Rubén Torres)

rramos@eleconomista.com.mx

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