No podemos cambiar leyes internacionales: ONU a FCH

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Ana Langner / El Economista

Tras la exigencia del presidente Felipe Calderón a la Organización de las Naciones Unidas de revisar la prohibición de las drogas, este organismo internacional, a través de su Oficina contra las Drogas y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), respondió que no está dentro de sus obligaciones abrir el debate.

“Nosotros no tenemos capacidad de cambiar las leyes internacionales”, afirmó Yury Fedotov director ejecutivo de la UNODC, al presentar en Nueva York el estudio “Delincuencia Organizada Trasnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas”.

“Es necesario entender completamente la relación entre el desarrollo, el Estado de Derecho y la seguridad. Las drogas y el crimen también son temas de desarrollo, en tanto la estabilidad se puede promover mediante el respeto de los derechos humanos y el acceso a la justicia”, destacó Fedotov, quien descartó la idea de revisar la Convención Única de Estupefacientes, el cual sirve de guía para las normas internas de regulación de drogas en los países.

Ayer, la UNODC -a través del estudio Delincuencia Organizada Trasnacional en Centroamérica y el Caribe, reforzó esta respuesta a Calderón. Advirtió que la violencia no surge por sí sola a partir del tráfico de drogas.

Como ejemplo, el documento destaca que durante muchos años en México fluyó la cocaína por toneladas y las tasas de agresión se mantuvieron moderadas, “lo que causa la violencia es el cambio en el equilibrio de poder entre los grupos territoriales”.

El informe de la ONU detalla que cualquier cambio en el statu quo puede contribuir a la inestabilidad y a la violencia entre los grupos territoriales.

Destaca además que los flujos de contrabando se concentran en los países menos capaces de enfrentarlos. Por ello, la importancia de abordar la impunidad y la corrupción a la par que se fortalezcan las capacidades policiales y de justicia penal. “La delincuencia crónica empobrece a las naciones alejando los negocios”.

La presión generada entre los proveedores de cocaína en el sur y los consumidores de cocaína en el norte ha convertido a la región en un corredor de tránsito; sin embargo, Las tendencias actuales en América Central y el Caribe sugieren, por otro lado.

El estudio advierte que el narcotráfico, el crimen organizado trasnacional y los delitos violentos son serias amenazas al Estado de Derecho y al desarrollo en los países de América Central y el Caribe, región a la que pertenece México; ante ello, es necesario promover la buena gobernanza y fortalecer las instituciones, las cuales son explotadas por poderosos criminales transfronterizos.

Mientras la violencia acapara la mayor parte de la atención de los gobiernos, las Naciones Unidas advierte que la gobernanza sufre, además, un daño mayor aunque oculto.

Si se dejara a los actores subestatales dirigir sus territorios sin impedimentos y si el tráfico trasnacional continúa pagando bien, estos criminales operarán, relativamente, con poca violencia, aunque en estas áreas desaparecería la democracia tal y como se conoce ahora.

La inseguridad en la región provoca que surjan deseos de medidas desesperadas entre la población. La UNODC indica que en países en donde 96% de los ciudadanos se siente inseguro, como en Guatemala y El Salvador, aumenta la voluntad de apoyar alternativas a la democracia, que incluye desde oligarquías locales, hasta gobiernos militares autoritarios. “La delincuencia ha llegado a ser una amenaza directa para la gobernanza democrática en la región”.

Centroamérica en el 2011 tuvo algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo, con 39 homicidios por cada 100,00 habitantes en Guatemala; 69 por cada 100,00 en El Salvador, y 92 por cada 100,00 en Honduras.

Centroamérica en el 2011

  • 39 homicidios por cada 100,00 habitantes en Guatemala.
  • 69 por cada 100,00 en El Salvador.
  • 92 por cada 100,00 en Honduras.

ana.langner@eleconomista.mx