En horas aprueban reformas para Peña Nieto
La minuta de reforma fue aprobada en el recinto legislativo de San Lázaro en lo general y en lo particular, con lo cual desaparecen las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública.
Foto: Notimex

El pleno de la Cámara de Diputados ratificó ayer jueves los cambios hechos por el Senado a la reforma de la ley orgánica de la AP, con la misma estrategia seguida en el Senado; votaron a favor de la reforma con excepción de los candados puestos a la Secretaria de Gobernación, para que los mandos policiacos de esta dependencia sean ratificados por la Cámara Alta.

Tras la dispensa de todos los trámites ordinarios con el fin de poder discutir la minuta que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de manera directa, por parte del pleno cameral, la Cámara de Diputados aprobó los cambios promovidos por el PAN y el PRD en la Cámara de Senadores relacionados con la ratificación por parte de la Cámara Alta de los nombramientos de los titulares de los mandos policiacos, que ahora, estarán bajo las órdenes de la Secretaría de Gobernación.

La confirmación de los nombramientos del Comisionado Nacional de Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por parte de los senadores, mandato establecido en la fracción XVI y el último párrafo del artículo 27 de la referida ley, lograda con el voto de panistas y perredistas y la abstención del PRI, dio la pauta para que los priístas anunciaran que interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad, por considerar que el cambio se contrapone con la letra de la Carta Magna.

El decreto que los senadores devolvieron a la Cámara Baja fue desahogado en fast track por los diputados federales y enviado de inmediato al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor, establece el fortalecimiento de las facultades de la Secretaría de Gobernación (Segob), que en adelante tendrá el mando de la seguridad pública, así como la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la de Desarrollo Social (Sedesol).

Además de que ordena la desaparición de las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública, en tanto que la de la Reforma Agraria ahora se denominará Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Como resultado de los cambios promovidos por el PRI, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, que en conjunto modifican el funcionamiento integral del gobierno federal, la Segob se encargará de coordinar a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la administración pública federal, y de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones encaminados a garantizar la seguridad pública.

Entre otras de las nuevas facultades de la dependencia encargada de la política interior del país, destacan también las de proponer la política criminal; dirigir la policía federal; reforzar la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanos que lo soliciten e intervenir ante situaciones de peligro que impliquen violencia o riesgo inminentes, además de disponer de la fuerza pública.

El Secretario de Gobernación deberá comparecer cada semestre ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o modifique, y ante la Comisión Bicameral que prevé la Ley de Seguridad Nacional.

Mediante el artículo décimo segundo transitorio se mandó al Congreso de la Unión expedir la legislación correspondiente sobre el uso legítimo de la fuerza en un plazo máximo de seis meses contado a partir de la entrada en vigor de las reformas aprobadas.

Aunque no pasó al pleno, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general y, en particular, la minuta educativa tras una larga discusión. La enmienda constitucional da autonomía y personalidad jurídica al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Con cambios más de forma que de fondo, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el decreto que reforma la Constitución en materia educativa, cuya iniciativa fue promovida por el presidente Enrique Peña Nieto con el consenso de las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD. La enmienda se discutirá y, eventualmente, se ratificará por el pleno en la sesión ordinaria del próximo martes y se enviará de inmediato al Senado de la República para su revisión.

Por tratarse de una reforma constitucional, una vez aprobada la minuta por los senadores se enviará a los congresos de los estados y sólo hasta que se apruebe por al menos 16 procederá su promulgación y entrada en vigor.

De acuerdo con el dictamen avalado tras una larga discusión, la enmienda constitucional ordena crear el servicio profesional docente; así como otorgar autonomía, patrimonio propio y personalidad jurídica al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), ente al que corresponderá examinar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Uno de los cambios al Artículo tercero de la Carta Magna, logrado de última hora, contempla que el Ejecutivo debe considerar la opinión “en especial de los padres de familia”, de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal; así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación para la determinación de los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.

En lo que respecta a los concursos de oposición para garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades de los maestros relacionados con el ingreso al servicio docente y a la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se precisó que se llevarán a cabo “bajo principios de igualdad y transparencia”, aclarando que la norma no aplica a las universidades e instituciones de educación superior autónomas.

En cuanto a los cinco integrantes de la Junta de Gobierno del INEE, el acuerdo establece que durarán en el cargo siete años en forma escalonada, pudiendo ser reelectos pero sin permanecer en funciones más de 12 años; así como que la Junta, en forma colegiada, nombrará a su Presidente por mayoría de votos, cuando la iniciativa original planteaba que la decisión al respecto correspondiera al Presidente de la República, con aprobación del Senado.

De acuerdo con el Artículo segundo transitorio, el Ejecutivo federal se limitará a proponer al Senado la designación de los integrantes de la Junta.

La evaluación, según detalla el decreto, tiene una elevada importancia y es un instrumento poderoso para el mejoramiento de la educación, toda vez que evaluar es medir, analizar e identificar fortalezas y debilidades para producir un diálogo fructífero tendiente a la calidad y equidad.

En entrevista, Julio César Moreno (PRD), presidente de la Comisión Dictaminadora, explicó que la reforma evitará que las plazas de maestro se vendan o hereden, como sucede actualmente.
La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano anunció que promoverá un voto particular con la intención de frenar los cambios en materia, por considerar que se están procesando con mucha premura y ligereza.

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, se reunió con senadores perredistas para revisar los alcances del Pacto por México, aunque advirtió que ha habido voces de discordancia.

Se pronunció por superar las diferencias para mantener la unidad, luego de que la senadora Dolores Padierna ha diferido públicamente por la firma del Pacto por México.

“El propio grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República está en absoluta libertad de poder modificar, de enriquecer, de adicionar, de quitar lo que considera en la propuesta que se ha hecho”, dijo. (Con información de Tania Rosas)

rramos@eleconomista.com.mx

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