Algo no funciona en el sistema penal mexicano

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Verónica Macías / El Economista

Las exoneraciones polémicas de políticos, presuntos secuestradores y narcotraficantes, como Óscar Espinosa Villarreal y Florence Cassez, y ahora Rafael Caro Quintero, evidencian que algo no funciona en el sistema penal mexicano, por lo que la reestructuración de instancias como la PGR es un buen inicio, aunque también se debe llevar a cabo en todo el Poder Judicial, destacaron investigadores.

Leticia Bonifaz, profesora, investigadora y directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, manifestó que no sólo hay que poner los ojos en la PGR, sino que se requiere capacitar al Poder Judicial, sobre todo a los jueces locales y estatales, para cerrarle el paso a la impunidad.

Por su parte, Arturo Alvarado, académico del Colegio de México, urgió a dejar de politizar la justicia, combatir verdaderamente la impunidad que existe en el país., realizar una transformación de la policía y priorizar los derechos humanos de las víctimas, así como analizar figuras polémicas como el arraigo. La investigadora del CIDE Ana Laura Magaloni coincidió en el combate a la impunidad, ya que de 100% de las averiguaciones previas, sólo 10% logra una sentencia.

Mientras que en Chile, de cada 10 denuncias seis casos son archivados, en tanto que en las denuncias por homicidio, nueve de cada 10 tienen éxito.

Asimismo, Luis Astorga, investigador de la UNAM, cuestionó las medidas de antilavado que se han implementado en México, ya que se han evidenciado casos en los que los propios bancos realizan este tipo de actividades ilícitas en favor de cárteles mexicanos; recordó el caso de la institución financiera HSBC. Además, destacó que sin información de inteligencia no se logrará desarticular a las bandas criminales, por lo que vio con buenos ojos la creación de más cuerpos policiacos especializados y con perfil científico, así como construir bancos de datos de huellas dactilares, registro de vehículos, entre otros, medidas que forman parte de la reestructuración de la Procuraduría General de la República.

veronica.macias@eleconomista.mx