En México, “la impunidad es reina”: Hope
Organizaciones sociales consideraron que el problema de México es la impunidad que impera tras un crimen cometido, así como la infiltración de las instituciones por parte de la delincuencia organizada, como se ejemplificó en el caso del ataque contra estudiantes de Ayotzinapa.
Jorge Monroy / El Economista
Oct 12, 2014 |
22:18
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Organizaciones sociales consideraron que el problema de México es la impunidad que impera tras un crimen cometido, así como la infiltración de las instituciones por parte de la delincuencia organizada, como se ejemplificó en el caso del ataque contra estudiantes de Ayotzinapa.

Alejandro Hope, director de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), expresó que casos como el de La Barca, Jalisco (hallazgo el 2 de diciembre del 2013 de 64 cuerpos humanos en 35 fosas clandestinas); en Cadereyta, Nuevo León (49 asesinatos el 13 de mayo del 2012); en San Fernando, Tamaulipas (hallazgo el 13 de abril del 2011 de 68 cuerpos de migrantes) Salvárcar (asesinato el 31 de enero del 2010 de 60 estudiantes del CBTIS 128) y ahora el de Aytozinapa, demuestran que en México, “la impunidad es reina”.

Alejandro Hope argumentó que para muestra la más reciente “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública”, que demuestra que el año pasado se cometieron 33 millones de delitos. De ese universo, se denunció ante la autoridad algo menos de 10% y entre los delitos denunciados, no se abrió una averiguación previa en más de la tercera parte de los casos. En el 2013, la llamada cifra negra llegó a 93.8% de los delitos, una marca histórica, puntualizó.

Sentenció que desde hace más de un año, el actual gobierno federal “ha presumido la disminución de averiguaciones previas en diversas categorías de delito. Pero eso es señal de incentivos torcidos: como ciudadanos, lo que quisiéramos ver es menos victimización y más denuncias. Lo que hemos visto en los últimos dos años es exactamente lo contrario: más delitos y menos denuncias, lo cual significa, por definición, más cifra negra y mayor impunidad”, aseveró.

Un reporte del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) afirma que “el gobierno ya no puede ignorar la contradicción que existe entre el país pujante, moderno y en movimiento que se presenta al mundo, y el endeble Estado de Derecho que padece México de manera cotidiana”.

Menciona que los casos Tlatlaya y Ayotzinapa son particularmente delicados dado el involucramiento directo de dos de las principales fuerzas del Estado abocadas a la salvaguarda de la seguridad: el Ejército y la policía, la seguridad nacional y la seguridad pública, respectivamente.

“El fracaso del andamiaje institucional diseñado para proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad del país podría caerle como una pesada e insalvable loza a la imagen tan cuidada del gobierno de Peña Nieto”, menciona.

“El problema no sólo es la delincuencia, sino la forma y el grado en los cuales ha infiltrado a las instituciones en los tres niveles de gobierno”, estimó el CIDAC.

El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, quien se ha convertido en promotor de justicia para Arturo Hernández Cardona, presuntamente asesinado por el edil prófugo de Iguala, José Luis Abarca, dijo: “Ya no sabemos dónde acaban los cárteles y empieza el crimen organizado que está en la estructura política y los aparatos de justicia”.

jmonroy@eleconomista.com.mx

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