Organizaciones civiles
Lanzan 20 acciones contra crisis en DH
Ante sucesos que conmocionaron a la opinión pública nacional e internacional en el 2014 —como Tlatlaya y Ayotzinapa— el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fundar, con el respaldo de una treintena de organizaciones, lanzaron 20 acciones urgentes para revertir la crisis nacional que se vive en materia de derechos humanos.
Ana Langner / El Economista
Mar 26, 2015 |
22:35
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Ante sucesos que conmocionaron a la opinión pública nacional e internacional en el 2014 —como Tlatlaya y Ayotzinapa— el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fundar, con el respaldo de una treintena de organizaciones, lanzaron 20 acciones urgentes para revertir la crisis nacional que se vive en materia de derechos humanos.

Al término del foro La Sociedad Responde, en el que participaron organismos nacionales e internacionales, en voz de Santiago Aguirre del Centro Prodh y de Jaqueline Sáenz, de Fundar, las organizaciones concluyeron que México vive hoy una profunda crisis de corrupción, impunidad y violaciones a garantías humanas, cuyas causas de fondo no han sido atendidas y están ausentes del diagnóstico y en las medidas anunciadas por el gobierno federal.

De entre las medidas propuestas destaca la adopción de estrategias frente a la crisis de desapariciones, comenzando por legislar integralmente, con participación de la sociedad civil y de las víctimas.

Mencionaron la necesidad de emisión de leyes generales en materia de tortura, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, redactadas en diálogo con la sociedad civil.

Otra medida sugerida fue la de profundizar la asistencia técnica que brindan los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos al Estado mexicano, para centrarla específicamente en abatir la impunidad.

Para efecto de garantizar la profesionalización e independencia de los servicios periciales, las ONG siguieren desincorporarlos del ámbito de las procuradurías.

Por otro lado, recomiendan garantizar la correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial y oral.

Otra medida que consideran pertinente es retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad que hoy realizan. Asimismo, destacan la necesidad de eliminar el fuero político de los servidores públicos, puesto que ha sido utilizado como garantía de impunidad.

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