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Ubican falla en tipos penales para la tortura
Según las comisiones, a la propuesta presidencial le falta precisar facultades para que se interpongan denuncias.
Foto: Shutterstock
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El Senado de la República comienza este martes con el debate de la ley general contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, iniciativa presidencial que, de acuerdo con las primeras observaciones de las comisiones dictaminadoras, tiene fallas en los tipos penales, le falta precisar facultades para que se interpongan denuncias y no incluye los costos de implementación.

Los integrantes de las comisiones de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Primera llevarán a cabo la tarde de este martes foros con el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez; el representante adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, y el comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Julio Hernández Barros.

Además del titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia de la PGR, Juan Pablo Pampillo Baliño; el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, y representantes de organizaciones sociales como Alto al Secuestro, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, así como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

La iniciativa de ley general tiene al menos siete observaciones de las comisiones dictaminadoras, pero la más importante es sobre los tipos penales. La iniciativa presidencial promueve dos tipos penales, uno para tortura y otro para tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Éste último es contradictorio, pues precisa que el autor debe cometer el delito “de manera dolosa pero sin un propósito determinado” lo cual es técnicamente imposible, delata el documento.

Los tipos penales diferenciados provocan también penas distintas. El Ejecutivo federal sugiere que, en el caso de tortura, la pena sea de 10 a 20 años de prisión. En tortura equiparada y la comisión del delito por parte de un servidor público con jerarquía superior, la pena va de ocho a 16 años y para los particulares, de 12 a 16 años. Para los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la sanción es de uno a nueve años de prisión para funcionarios y de tres a cinco años para particulares.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, recordó que del 2006 al 2014, la CNDH recibió 4,404 quejas por tratos crueles, degradantes o inhumanos, “a lo que deben agregarse las cifras negras... lo cual permite atisbar un escenario catastrófico del sistema de impartición de justicia”.

Mientras que Amnistía Internacional reportó que las denuncias por tortura pasaron de 1,165 en el 2013 a 2,403 en el 2014, de acuerdo con información de la PGR.

tania.rosas@eleconomista.mx

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