señala la organizaCIÓN UN DÉFICIT EN AUTONOMÍA, PRINCIPIO BÁSICO PARA LA SUPERVISIÓN
Reprueba 75% de entidades de fiscalización estatales: OCDE
Sólo ocho autoridades fiscales subnacionales tuvieron notas de 10 por su independencia política y capacidad para auditar.
Tania Rosas y Yolanda Morales
Oct 11, 2016 |
23:00
José Ángel Gurría presentó el estudio “El Sistema Nacional de Fiscalización de México”. Foto: Cuartoscuro
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El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, reveló que tres cuartas partes de las entidades de fiscalización superior en los estados reprueban en materia de autonomía, uno de los principios básicos de estas instituciones para revisar la correcta aplicación de los recursos públicos.

“Tres cuartas partes de las entidades de fiscalización superior subnacionales obtuvieron una puntuación de cinco o menos en el tema de la autonomía (...) en una escala del 1 al 10. Pues la sabiduría convencional, desde la primaria, dice que con cinco ya se reprobaba, los maestros los ponían con rojo”, enfatizó.

En contraste, sólo ocho registraron notas de 10 puntos por su independencia política y la capacidad institucional para auditar, lo que significa que las mejores prácticas pueden encontrarse en el mismo país en Coahuila, Colima, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Este martes fue presentado el estudio: “El Sistema Nacional de Fiscalización de México. Fortaleciendo la rendición de cuentas para el buen gobierno”, de la OCDE.

Ahí, Gurría expuso que entre las 24 entidades reprobadas, donde se encuentran, por ejemplo, la Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Puebla y Sinaloa, se presentaron fallas de marco jurídico; en otras faltan recursos presupuestales o sistemas tecnológicos, así como métodos de investigación, lo que significa que carecen de grados de libertad y de autonomía.

De visita en México, Gurría reconoció la coordinación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y explicó que en México la descentralización ha sido un tema de preocupación y que la expectativa es que la mayor parte de las entidades federativas y municipales consiga una buena aplicación.

Destacó que un marco regulatorio moderno y las mayores facultades de la ASF no parecen suficientes si hay un problema de credibilidad, si hay omisiones y retraso en la entrega de resultados.

Consignó, como muestra de ello, que aún hay recomendaciones de la auditoría realizadas en el año 2000 y que siguen sin resolverse.

Tal como lo comentó con el propio auditor de la Federación, Juan Manuel Portal, Gurría refirió: “Hay un problema de credibilidad”.

El secretario de la OCDE informó que se han firmado acuerdos de cooperación en materia de transparencia y rendición de cuentas con tres estados: Coahuila, Ciudad de México y Nuevo León. Y anunció que el organismo está por presentar un reporte sobre integridad pública.

Hay un tema de percepción, dijo, de que la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción son parte de las grandes necesidades que tiene el país.

En ese contexto, y a pregunta expresa, indicó que el fortalecimiento de mecanismos para mejorar controles de deuda está construido ya en las leyes. Pero, destacó, depende de los propios interesados que ejecutan el gasto, del gobierno y congresos.

Mejora gubernamental

En su turno, el auditor Juan Manuel Portal dijo que es ineludible el fortalecimiento de la autonomía y de las capacidades de gestión de los órganos fiscalizadores locales, debido a su grado de incidencia en el cumplimiento de las metas contra la corrupción.

“La ASF busca contribuir a que la auditoría pública se convierta en la herramienta de mejora gubernamental que está esperando la ciudadanía.

“Adicionalmente, en este escenario de reestructuración, para nuestra institución es clave liderar con el ejemplo y marcar la pauta, en especial en el ámbito de las entidades fiscalizadoras superiores locales”, concretó.

Portal enfatizó que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una política del Estado mexicano que va más allá de una estructura burocrática que sólo detecta y castiga a los corruptos.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales, declaró que el caso Ayotzinapa y el de la Casa Blanca juntaron dos agendas que por lo general en México habían corrido “en cables separados”, es decir, la agenda de derechos humanos y la de combate a la corrupción.

“Esto propició que más de medio millón de ciudadanos dijera no a la corrupción a través de la iniciativa llamada 3de3”, precisó.

No obstante, advirtió, la sociedad civil no sólo se centró en las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales para combatir la corrupción.


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