ong presenta investigación
Rastreo de llamadas no culmina en averiguaciones
En el reporte de R3D se analizaron unas 600 solicitudes de información a autoridades federales y de los 32 estados.
Foto: Shutterstock
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Sólo una de cada 10 personas que fueron vigiladas a través de los datos que generan sus comunicaciones telefónicas entre el 2013 y el 2015 fue acusada de algún delito ante un juez, de acuerdo con una investigación de la organización no gubernamental Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Entre el 2013 y el 2014, sólo 8.73% de las averiguaciones previas registradas por alguna autoridad de justicia utilizó dicha medida de vigilancia en las comunicaciones en México.

R3D presentó este lunes su primer reporte El estado de la vigilancia, una investigación en la que analizó casi 600 solicitudes de información a autoridades federales y de las 32 entidades, así como resoluciones del Poder Judicial Federal, para conocer cuántas veces las autoridades solicitaron autorización judicial para vigilar comunicaciones, cuántas lo hicieron sin permiso, el número de personas o dispositivos afectados y las averiguaciones previas en las que se utilizaron estas medidas.

De 21 procuradurías y fiscalías estatales en las que se documentó el ejercicio de alguna medida de vigilancia en investigaciones, resalta el caso de la Fiscalía de Veracruz. De 2,339 averiguaciones previas en las que dicha autoridad aseguró haber empleado la vigilancia de comunicaciones, sólo en nueve se ejerció una acusación penal en contra de una persona, lo que representa 0.38% de las averiguaciones.

“Resultaría sumamente difícil seguir sosteniendo la tesis de que la vigilancia, en automático, equivale a investigaciones eficaces. Pero además, resulta innegable que, ante la evidencia presentada sobre cómo las medidas de vigilancia han sido utilizadas en la práctica, existen grandes incentivos para utilizar la vigilancia de manera ilegal, incluso arriesgando la propia seguridad de la ciudadanía que los proponentes de la vigilancia sin controles dicen proteger”, advirtió la organización.

La revisión realizada del 2013 al primer semestre del 2016, a través de intervención, acceso a datos de las comunicaciones de los usuarios (metadatos) y geolocalización, se habría perpetrado, en gran medida, sin autorización judicial. Del análisis divulgado se revela, por ejemplo, que del 2013 al 2015, las instancias de seguridad reportaron haber realizado unas 3,182 solicitudes de autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas. De ellas, 94.6% fueron autorizadas, es decir, unas 3,012 peticiones.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la PGR y la Policía Federal fueron las instancias que realizaron más peticiones de intervención de comunicaciones, al acaparar 98.1% de las solicitudes, aunque procuradurías y fiscalías estatales como la de Colima, Zacatecas, Tabasco, Guerrero Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo también solicitaron autorización.

El Economista publicó este lunes que, en el primer semestre del 2016, las operadoras de telecomunicaciones en México recibieron 35,740 solicitudes de autoridades de seguridad, además de otras instancias como las secretarías de Hacienda (SHCP) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) o el Instituto Electoral del Distrito Federal, para conocer datos y metadatos de las comunicaciones de clientes de telefonía, entre las que se incluyeron 2,269 solicitudes para saber su ubicación geográfica. Del total de las solicitudes, sólo 8.3% fueron rechazadas.

julio.sanchez@eleconomista.mx

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