el PRI intenta retomar la propuesta de regular sus tareas en la lucha contra el crimen organiza
A 10 años, militares siguen sin marco jurídico
Pese a la militarización de la campaña contra el tráfico de drogas, las tasas de homicidios aumentan, alerta la Fundación InSight Crime.
El panista Felipe Calderón propuso una regulación mediante reformas a la Ley de Seguridad Nacional, desde el año 2011. Foto: AFP

El 8 de diciembre del 2006, con el envío de más de 5,000 elementos de las fuerzas armadas a Michoacán, comenzaba la llamada “guerra en contra de las drogas”; una estrategia calificada como un fracaso y promotora de violaciones graves a los derechos humanos. A una década, diputados del PRI retoman la propuesta de regular la participación del Ejército en las acciones en contra del crimen organizado mediante una iniciativa que recién fue presentada.

Deborah Bonello, investigadora principal de la Fundación InSight Crime, opina que el proyecto de Ley de Seguridad Interna presentada por los diputados del PRI César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales en la Cámara baja representa “una bandera roja para los críticos de la controvertida ofensiva militar contra los cárteles”.

En un análisis, la investigadora advierte que pese a la militarización de la campaña contra el crimen organizado y tráfico de drogas en México, actualmente las tasas de homicidios en el país se acercan a niveles no vistos desde el 2012.

La organización internacional Open Society concluye en su informe “Atrocidades innegables” que a raíz de una lucha militarizada en contra de las organizaciones de la droga, se desató una epidemia de violencia que se traduce en una tragedia humanitaria.

Junto con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos independientes, Open Society Justice Initiative, dedicó los últimos tres años a evaluar la magnitud y naturaleza de esta crisis. Como resultado, concluyen que —incluso con datos parciales disponibles— “resulta indudable que las atrocidades son un fenómeno generalizado en México”.

La organización no gubernamental internacional recoge que los asesinatos reportados en México comenzaron a aumentar en el 2007 cuando se instrumentó la nueva estrategia de seguridad nacional para combatir el crimen organizado.

Entre diciembre del 2006 y finales del 2015, más de 150,000 personas fueron asesinadas intencionalmente en México.

“La evidencia sugiere que este incremento se debió a la violencia perpetrada por el crimen organizado y a la estrategia de seguridad del Estado, que recurría excesivamente al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza”, se lee en el documento.

La académica Sonja Wolf expone en un artículo de Foro Internacional, revista trimestral publicada por El Colegio de México, que operaciones militares cumplieron su objetivo original —impactar en la opinión pública y refrendar la legitimidad del expresidente Felipe Calderón—, pero aumentaron la violencia, los abusos de derechos humanos y fracasaron en frenar el tráfico de estupefacientes.

Ello debido a que, alega la especialista, si bien las autoridades mexicanas efectúan arrestos y decomisos, no enfrentan eficazmente la corrupción, la exclusión social y el lavado de dinero; medidas clave para lidiar con el narcotráfico.

Bonello, de InSight Crime, advierte que el despliegue del Ejército mexicano en un contexto civil suscita preocupaciones constitucionales. Pese a la existencia de circunstancias específicas en las que se considera justificado el uso de las Fuerzas Armadas Mexicanas en el territorio nacional, el artículo 16 de la Constitución mexicana restringe la función doméstica de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, y les impide entrar a residencias particulares. “Sin un estado de emergencia declarado, es difícil justificar en términos legales que se ponga al Ejército en las calles en el contexto de la guerra contra las drogas”, establece.

La especialista de InSight Crime polemiza que si bien está por revisarse si la iniciativa de los diputados del PRI es tomada en cuenta, “algunos podrían interpretar la nueva propuesta de Ley para la Seguridad Interna como una forma de evadir estas preocupaciones constitucionales ampliando las definiciones de seguridad interna. También sería una forma de crear un marco legal que facilita la justificación del uso de los militares en la lucha contra las drogas en un escenario internacional y nacional, dadas las críticas que ha recibido la campaña de observadores extranjeros y domésticos”.

Los intentos por expedir un marco legal que regule la actuación del Ejército en labores contra el crimen organizado no son nuevos, el 23 de abril del 2009, el entonces mandatario Felipe Calderón envió al Senado la iniciativa de Reforma de la Ley de Seguridad Nacional, la cual quedó congelada desde el 2011 en la Cámara de Diputados.

A mediados de octubre del año en curso, el general Salvador Cienfuegos reconoció que “‘hay un desgaste’’ en el Ejército porque ‘‘tenemos muchas tareas que debemos atender’’ en labores de seguridad pública y contra el crimen organizado. ‘‘Necesitaríamos más efectivos, un marco legal, necesitamos otras cosas, pero en eso ya se está trabajando’’, agregó después de inaugurar un seminario sobre “Defensa nacional y el derecho internacional humanitario”.

Sobre el tema, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que el gobierno federal trabaja en una iniciativa de Ley de Seguridad Interior que permita a las fuerzas armadas desempeñar tareas de seguridad, en el marco del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral.

“Creo que lo menos que merecen los miembros del Ejército nacional es darles un marco jurídico para que puedan estar en intervención en los estados”, dijo el funcionario al comparecer ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de San Lázaro, con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Un mes más tarde, durante los festejos por el Día de la Armada de México, el presidente Enrique Peña hizo un llamado para avanzar en el marco legal para las fuerzas armadas.

En el Congreso de la Unión existen al menos cuatro iniciativas para regular el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad interior: una presentada en el Senado por el panista Roberto Gil y tres más en Diputados promovidas por el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRI.

Despliegue de efectivos

A julio del 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó 3,092 efectivos en los operativos conjuntos que realiza junto a la Policía Federal y la Secretaría de Marina (Semar) en los estados de Chihuahua, Guerrero y Veracruz.

Un reporte de la dependencia en la primera entidad, y como parte de la operación “Chihuahua” del 29 de mayo del 2008 a julio de este año han participado 227 soldados en los municipios de Ciudad Juárez, Praxedis Guerrero y Guadalupe.

Mientras que como parte de “Guerrero Seguro”, donde participan elementos de la Marina y la Policía Federal, en la totalidad de los municipios se han desplegado del 6 de octubre del 2011 a julio del 2016, 2,150 efectivos; y 715 uniformados en el operativo “Veracruz Seguro” en 191 de los 212 municipios de la entidad, del 4 de octubre del 2011 a julio de este año.

Haciendo un comparativo en el mismo periodo correspondiente al año 2015, en Chihuahua la Sedena dispuso de 213 elementos; 1,950 en Guerrero; y 763 para Veracruz, como parte de los operativos que realiza en dichos estados.

De acuerdo con el Cuarto Informe de Labores del Ejército, como parte de las Bases de Operaciones Mixtas con las que se atiende la problemática delictiva en zonas de riesgo y con problemas de seguridad pública, se tuvo un despliegue de 3,386 militares, 1,332 civiles y 368 vehículos militares.

Asimismo, dio cuenta de que se encuentran activos 142 de estos dispositivos interinstitucionales en 24 estados, donde participan además del personal militar, agentes del Ministerio Público Federal y Común, Policía Federal, Ministerial y Preventivos estatales.

Detalló que en Guerrero existen al menos 28 Bases de Operaciones Mixtas, seguido del Estado de México con 24, Oaxaca con 12, Puebla con 11 y Sonora con 7.

En un comparativo con el Tercer Informe de Labores, la Sedena dio cuenta del despliegue de 2,613 efectivos militares, 1,321 civiles y 240 vehículos en 25 estados con operación de Bases de Operaciones Mixtas, lo que representa un aumento de uniformados para este año.

En el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, la ASF indicó que del periodo del 2007 al 2013 los operativos de la Sedena en el país tuvieron un incremento del 372.7% al pasar de 11 en el primer año a 53 a la fecha del corte de la información.

Precisó que “el número de militares desplegados en promedio mensual se incrementaron en 69.9%, al pasar de 45,085 elementos militares desplegados en promedio en el 2007 a 76,613 en el 2013”.

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