Especialistas exponen que la medida busca aminorar el enojo social
Recorte de sueldos, insuficiente
El gobierno federal anunció una reducción adicional de 10% en apoyos como combustible, telefonía, viáticos y salarios de altos mandos.
El Acuerdo firmado el lunes busca aminorar el impacto por el alza en los precios de las gasolinas. Foto Archivo EE: Natalia Gaia

El plan de austeridad de salarios y prestaciones de altos mandos, perteneciente al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, presentado por el presidente Enrique Peña Nieto, es insuficiente y no ataca los problemas y retos que afronta la economía nacional, exponen expertos.

En conferencia Peña Nieto anunció que habrá una reducción de 10% en la partida de sueldos y salarios de mandos superiores del gobierno de la República; posteriormente, Presidencia indicó a través de un anexo del acuerdo una reducción de al menos 10% en los apoyos otorgados para el gasto en combustibles, telefonía celular y viáticos de los servidores públicos de mando superior. En su intervención del lunes pasado el mandatario mexicano dijo que los recursos ahorrados irán a programas de infraestructura social.

Para Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro Espinosa Yglesias(CEY), especializado en análisis del gasto público, el anuncio de la reducción en las percepciones de los funcionarios tiene que ver más con un aumento en la austeridad para desahogar la difícil coyuntura económica, que es una acreditación ante una sociedad convulsa.

“Tiene que ver con varias prebendas de funcionarios, no sólo del Ejecutivo, sino también de órganos constitucionales autónomos o del Poder Judicial o del Legislativo que ofenden a la gente. No es que vaya a resolver el problema, pero por lo menos aminora el enojo social en cierto modo”, señala Cárdenas.

Y es que los ramos autónomos aún se siguen “sirviendo con la cuchara grande. Entidades como el INAI (Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) o el INE (Instituto Nacional Electoral), con estas estructuras repletas de direcciones generales, (tienen) una serie de prestaciones que están muy alejadas de la realidad del resto de la población, la mayor parte, y, cuando se les pide una explicación salen con unas cosas como: es que esto es lo que me autoriza mi manual”, expone, por su parte, Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Algo que podría ayudar, incluso tal vez más que la baja en las prestaciones a servidores públicos de alto calado, señala Cárdenas Sánchez, es la propuesta que hizo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que es cancelar los programas sociales que ha identificado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que son ineficientes o no cumplen su objetivo.

Como medida emergente para apalear el alza en los combustibles, el PAN propuso recientemente una reducción de 50% en el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) en las gasolinas, ya que se estima que 40% del costo de los combustibles pertenece a impuestos.

El director del CEY precisa que bajar el IEPS provocaría una reducción de ingresos por 130,000 millones de pesos, ante lo que cualquier programa de austeridad, dice, será insuficiente; además, si sube nuevamente el precio del petróleo o existe una depreciación del peso aun más grande, los combustibles aumentarán de precio sin importar los impuestos condonados.

El especialista añade que la caída del precio del petróleo es la razón principal por la que el panorama de la economía nacional es tan acotado, pues precisa que tan sólo hace tres años este rubro aportaba 40 % de los ingresos públicos y, ahora, se ha reducido a 15 por ciento.

Villarreal, por su parte, estima que los pactos deberían estar más enfocados al tema fiscal, porque el problema de la recaudación puede verse más agravado en el corto y mediano plazo.

“Gane quien gane en el 2018, se va a topar con unas finanzas públicas sumamente precarias, va a convocar a una reforma fiscal, pero la curva de aprendizaje del equipo que llegue puede costar hasta cuatro años, en lo que implementa acciones”, añade el especialista.

Alerta también que de no hacerse una nueva reforma fiscal de fondo, existirán otros temas que acapararán la atención de la población y del gobierno, incluso en este mismo año, pues, enfatiza, ahora “son combustibles, al rato, van a ser pensiones; está el problema del servicio de la deuda que con la normalización de las tasas de interés, que está pasando, puede volverse sumamente oneroso”, explica.

En este sentido el plan presentado por Peña Nieto señala que como medidas fiscales se impulsarán estímulos para las pequeñas y medianas empresas así como para la investigación y la tecnología.

Sánchez Cárdenas especifica que el combate a la corrupción no se tiene que hacer mediante reformas, sino actuando con las leyes existentes, es barato, pues no se tiene que invertir más y puede ayudar a que el gobierno mexicano recupere algunos puntos del Producto Interno Bruto.

“Estimaciones que hay del impacto de la corrupción van de 1 y hay quien habla de 8 o 10 % del PIB, vamos a pensar que hablamos de 1 o de 2, pues eso es muchísimo”, dice.

Para este año, agrega el economista, la coyuntura económica puede parecerse a lo que pasó durante la Gran Depresión, cuando el tipo de cambio se disparó y las importaciones se volvieron muy complicadas, ante lo que se recurrió al mercado interno, algo que puede ser factible para el país, al tiempo que se creen incentivos para el consumo interno, lo que puede sostener a la economía como sucedió en el 2016.

Esta misma opinión es compartida por el director del CIEP, quien considera que ante un ambiente volátil en el tipo de cambio se pude disparar el mercado interno en sectores como el inmobiliario, que puede tener un boom debido a la misma debilidad de la divisa.

Zonas especiales y salario mínimo

Cárdenas Sánchez enfatiza lo positivo que es que la Iniciativa Privada y el Ejecutivo se pongan de acuerdo para acciones como el aumento del poder adquisitivo en el salario mínimo o el impulso de las Zonas Económicas Especiales que se han decretado por el gobierno federal, ambas medidas pueden ayudar en mucho para la economía nacional, debido a los sectores a los que están focalizados estos apoyos.

Se podría impulsar “que las empresas, todas, no paguen menos de lo que sería un salario suficiente, que podría ser el salario necesario para cubrir la canasta básica de una persona y un dependiente, por ejemplo. Si hay un acuerdo, nos apretamos el cinturón y todo mundo hace su parte, pues entonces sí va a ser factible”, afirma, a la vez que menciona que el sostén del poder adquisitivo de los que menos tienen es una medida inmediata que hay que tratar.

Por su parte, Villareal señala que hay argumentos válidos tanto para impedir un aumento de salarios como para impulsarlo. “No es lo mismo hablar del salario mínimo en Ciudad de México o Monterrey que a lo mejor en ciudades muy chiquitas en otras partes del país (...) está el riesgo de que el Banco de México, por querer enfriar la inflación, empiece con aumentos muy agresivos de las tasa de interés en una economía que está medio fría”, dice.

No obstante, argumenta que un aumento en los salarios mínimos debe suceder y puede ayudar al mercado interno siempre y cuando se dé gradualmente en los siguientes años, procurando que estén por arriba de la inflación.

En tanto, respecto a las zonas económicas, el especialista se declara escéptico debido a la falta de infraestructura en las localidades en las cuales se implementarán, lo cual inhibe a las empresas de instalarse en zonas alejadas y con necesidad de empleos mejor remunerados.

politica@eleconomista.mx

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