publican acuerdo en el diario oficial
Cambios, en Fiscalía Anticorrupción
La PGR modificó el acuerdo A/011/14 por el que se creó la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
La PGR faculta a la Fiscalía como un órgano con autonomía técnica y operativa. Foto Archivo EE: Hugo Salazar
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La PGR modificó el acuerdo A/011/14 por el que se creó la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

La modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Procuraduría.

La dependencia recordó que el 12 de marzo del 2014 se publicó en el DOF el acuerdo que dio paso a la Fiscalía y en el que se establecieron sus atribuciones.

La Procuraduría detalló que el 18 de julio del 2016 fue publicado el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la PGR, en el que se incorporó lo relativo al Fiscal Especializado en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción.

“En aras de armonizar el Acuerdo A/011/14, con el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es necesario incluir diversas facultades al titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, así como determinar su participación en los diversos órganos colegiados de la institución a los que por su ámbito de competencia le corresponde formar parte”, informó la dependencia que encabeza Raúl Cervantes.

Ahora, las modificaciones contemplan que la Fiscalía funcione como un órgano con autonomía técnica y operativa, “que tiene por objeto la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción, con excepción de los cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de la República”.

Asimismo, se explica que la Fiscalía se auxiliará de la Coordinación General de Servicios Periciales, quien desahogará los peritajes que le soliciten los agentes de Ministerio Público de la Federación.

Entre las facultades del titular de la Fiscalía se encuentra diseñar e implementar, previa aprobación del procurador, planes y programas destinados a detectar la comisión de hechos de corrupción. (Con información de R. Torres)

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