Espionaje gubernamental quiebra Alianza por el Gobierno Abierto
El núcleo de organizaciones de la sociedad civil decidió retirarse de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) luego del espionaje electrónico en contra de periodistas y activistas utilizando herramientas de uso exclusivo del gobierno mexicano.
Julio Sánchez Onofre
May 23, 2017 |
11:00
Foto EE: José Soto Galindo

El silencio y la falta de investigación de las autoridades sobre el espionaje electrónico que el gobierno mexicano ha ejercido en contra de periodistas y activistas en México fue la gota que derramó el vaso y orilló el quiebre de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en México.

La AGA es una iniciativa multilateral nacida en el 2011, en la que México es país fundador junto con Brasil, Indonesia, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Su objetivo es promover acciones que contribuyan a la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación tecnológica, para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción.

El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil que integran esta Alianza anunciaron, durante una rueda de prensa la mañana de este martes, su retirada del proceso de colaboración con el gobierno federal. La decena de organismos coinciden en que no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil dentro de la AGA.

Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC, recordó los casos de vigilancia ilegal en contra del periodista Rafael Cabrera, así como de los activistas promotores del impuesto a las bebidas azucaradas. Este espionaje se realizó utilizando el software Pegasus, de la firma israelí NSO Group, que es vendido exclusivamente al gobierno mexicano.

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“Se envió una carta directamente a nuestras contrapartes del Secretariado Tripartita, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y todos los comisionados del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales). También se le envió esa misma carta a Alejandra Lagunes, de la Estrategia Digital Nacional (EDN), donde no solamente condenamos y rechazamos la vigilancia ilegal y desproporcionada en contra de la sociedad civil, sino que buscamos proactividad para esclarecer qué está pasando”, dijo.

La respuesta de las autoridades y funcionarios fue el silencio. Ninguno de los destinatarios emitió alguna respuesta. Esto, dijo Casanueva, “nos lleva al punto de romper muchos de los lazos de confianza a pesar de cinco años de trabajo en el camino de la Alianza para el Gobierno Abierto”.

El espionaje fue el detonante pero existe una serie de condiciones que van desde la ola de asesinatos a periodistas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta la intimidación y censura de los medios de comunicación y activistas.

Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, denunció que el principio de la AGA “se está pervirtiendo y se está perdiendo”.

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“En lugar de ampliar el espacio cívico como el gobierno (mexicano) se comprometió ante los gobiernos de la Alianza para el Gobierno Abierto, por el contrario, está reduciendo el espacio cívico. Está reduciendo la capacidad de la información a través de diferentes medidas: los asesinatos a periodistas, los asesinatos a derechos humanos y la promoción de leyes que restringen la participación y la asociación y la libertad de expresión y el derecho a la información”, afirmó.

Juan E. Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) coincidió en que “es muy difícil el proceso de confianza cuando se empieza a cerrar el oxígeno de las organizaciones de sociedad civil" y enumeró una serie de acciones de acoso que rompieron la base de confianza entre las organizaciones civiles y el gobierno, como el espionaje ilegal, las agresiones a periodistas y auditorías del SAT a medios de comunicación, activistas y ONG relacionados con temas de rendición de cuentas y defensa de los derechos humanos. "Existe un patrón en las auditorías y es una hipótesis que preocupa", dijo.

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A pesar del llamado a esclarecer e investigar los ataques en contra de la sociedad civil, el gobierno se mantiene en silencio. Un par de horas después del anuncio, la coordinadora de la EDN, Alejandra Lagunes, se limitó a tuitear que México se posicionó en el número 11 del Barómetro de Datos Abiertos. Pero ni una sola mención a la ruptura de la AGA ni las respuestas que la sociedad civil demandó.

En un comunicado horas después del anuncio, el INAI reconoció que las acciones contra activistas "vulneran la confianza necesaria de cualquier diálogo, minan la capacidad de construcción de acuerdos e imposibilitan una relación respetuosa entre las instituciones públicas y la sociedad". Llamó a "replantear y/o renovar" el espacio de diálogo con la sociedad civil y se comprometió a ofrecer "soluciones que permitan recobrar la confianza perdida".

El Economista buscó a la SFP pero hasta la publicación de esta nota no se recibió respuesta.

Abrirán expediente internacional

El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil anunció además la apertura de un expediente a través de la Política de Respuesta (Response Policy, por su sigla en inglés) que se enviará al Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto Internacional (Open Government Partnership). De admitirse, México se convertiría en el único país fundador al que se active el protocolo evaluación de las condiciones establecidas en la Alianza.

Rachel Ostrow, oficial de Comunicaciones de la Open Government Partnership, dijo a El Economista, en un correo electrónico desde Washington, que hasta el momento no se ha recibido alguna queja por parte de las organizaciones de la sociedad civil, pero cuando esto suceda se iniciará con la Política de Respuesta. “Nuestro Comité Directivo discutirá esto en las próximas semanas y hasta el momento estaremos en la posibilidad de hablar más sobre este tema”, dijo.

“En este (todavía hipotético) caso en particular, cualquier acción emprendida dependerá enteramente de la naturaleza de las quejas enumeradas en la carta formal de preocupación. Hasta que tengamos esa información, no podremos explicar sobre posibles acciones que tomaríamos”, agregó.

La salida de la sociedad civil de la AGA implicará impactos en procesos como la designación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, es clara: cualquier acción que se tome a partir de ahora no contará con la validación ni aprobación de la sociedad civil.

Las organizaciones que integran el núcleo de la sociedad civil son:

  • Transparencia Mexicana
  • Fundar
  • Artículo 19
  • Cidac
  • IMCO
  • Gesoc
  • Observatorio Nacional Ciudadano
  • SocialTIC
  • Contraloría Ciudadana
  • Cultura Ecológica

julio.sanchez@eleconomista.mx

abr

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