edna jaime advierte de intentos por dar marcha atrás
“Presiones políticas y sociales”, para revertir el sistema penal
A casi un año de que entró en vigor en todo el país el nuevo modelo de justicia, señalan que es necesario más tiempo para implementarlo.
Fue presentado el documento “Hallazgos 2016”, que incluye un seguimiento del sistema penal.
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A fin de lograr su consolidación, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio requiere de cambios legales para corregir las deficiencias en materia de prisión preventiva de oficio y vinculación a proceso, así como resolver las contradicciones con el régimen de excepción para delincuencia organizada.

Sin embargo, advirtió Edna Jaime, directora general del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) y del centro de análisis México Evalúa, que se está actualmente en “una encrucijada”.

Mientras la adecuada operación del referido sistema requerirá de más tiempo, dijo, en el Congreso de la Unión ya fueron presentadas dos iniciativas, una en cada Cámara legislativa, que pretenden endurecer las normas procesales para lograr una mayor eficiencia en la persecución delictiva, mismas que de concretarse representarían una “contrarreforma”.

En el marco de la presentación del reporte sobre seguimiento y evaluación de la operación del referido sistema, a un año de que entrara en vigor pleno a nivel nacional y local y para todos los delitos, explicó que el nuevo sistema todavía no está cabalmente en marcha y ya hay presiones políticas y sociales para revertirlo.

“Estamos en una encrucijada porque la adecuada operación del sistema de justicia penal va a requerir tiempo, recursos institucionales y mucho liderazgo político. Sin embargo, ya han surgido propuestas legislativas que pretenden echarlo para atrás. El principal riesgo del sistema es lo que, en términos genéricos, podemos llamar como el populismo penal”.

Ese tipo de populismo, detalló, se deriva de una percepción ciudadana que además está extendida. “Hay personas que cometen delitos que están quedando libres y décadas de creer en un sistema que reparte castigos y no en uno que haga justicia han dejado esa marca en nuestra sociedad”.

De acuerdo con el reporte, la iniciativa que analiza el Senado de la República, presentada en diciembre pasado, propone modificaciones constitucionales para eliminar la figura del arraigo, la prisión preventiva oficiosa y, en una lógica de economía procesal, la vinculación a proceso.

En tanto que la que se encuentra en análisis en la Cámara baja, presentada en febrero de este año, busca endurecer las normas procesales del sistema acusatorio.

“La propuesta incorpora figuras contrarias a cualquier modelo democrático de justicia, al revertir la carga de la prueba para que sea el inculpado quien deba demostrar —mediante la producción de pruebas— que existe duda razonable para exonerarlo, lo cual no ocurría ni siquiera en el sistema inquisitivo anterior a la reforma”, precisa el documento “Hallazgos 2016”, cuya elaboración fue respaldada por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, dedicada al fomento de los derechos individuales, la economía de mercado y la sociedad civil.

María Novoa, directora del Área de Justicia de CIDAC, hizo la presentación del documento a cuatro días de que se cumpla un año de la plena vigencia del nuevo sistema de justicia.

Reconoció que el Poder Judicial federal y los locales ofrecieron pleno acceso a la información, lo que ayudó a inferir qué sucede en los primeros eslabones del proceso, que es el caso de las procuradurías y policías que siguen siendo cajas negras en cuanto a acceso pleno de información.

Entre los principales hallazgos, destacó que en el ámbito federal “se ha determinado una de cada dos carpetas de investigación, lo que implica que, al igual que en las entidades federativas, el rezago comienza a ser una tema que requiere atención inmediata”.

En la Procuraduría General de la República el rezago es de 47.5%, cifra que indica que una de cada dos carpetas de investigación está pendiente de determinación.

rramos@eleconomista.com.mx


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