lleva 12 años con unidades que combaten el flagelo en todo el país
Colombia, con experiencia anticorrupción
Este 19 de julio vence el plazo en México para que los 32 estados de la República hayan puesto en marcha su Sistema Local Anticorrupción.
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Desde hace 12 años, Colombia cuenta con unidades anticorrupción en todo el país, además de una Fiscalía que se encarga de investigar y sancionar los casos que se susciten.

Además de que desde el 2011, por mandato de ley, todos los niveles de gobierno deben presentar un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que integre un “mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.

Albeiro Yepes, jurista y exfiscal colombiano especializado en juicios de corrupción por narcotráfico, explica en entrevista que a pesar de que el combate a la corrupción lleva ya bastantes años en Colombia, el tema había sido eclipsado por la lucha contra las guerrillas, en especial contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

No obstante, agrega, después de la firma de paz, el tema ha sido retomado por políticos que se preparan para las elecciones presidenciales del próximo año y se ha avivado también por el reciente arresto y extradición a Estados Unidos de Luis Moreno, titular de la Fiscalía Anticorrupción colombiana, nombrado hace apenas ocho meses por el fiscal nacional de Colombia, Néstor Humberto Martínez.

A Moreno se le acusa de obstruir una investigación sobre corrupción en contra del gobernador de la región de Córdoba, Colombia, a cambio de 10,000 dólares.

En este sentido, explica Yepes, el que el fiscal general de la nación, quien entró al cargo hace un año abanderando una lucha contra la corrupción al interior de la Fiscalía Nacional, tenga la autonomía de nombrar bajo sus criterios al fiscal anticorrupción, tiene sus desventajas y “costos políticos”.

El Fiscal tiene “todos los mecanismos para garantizar que la persona que nombra es la idónea, por eso, si se equivoca tiene un costo político y eso se nota en el país; pero el fiscal general no puede decir que no es autónomo para escoger a ese tipo de servidores, es completamente autónomo e independiente” para elegir a sus fiscales, precisa el jurista.

Yenes agrega que la Fiscalía Anticorrupción “se había hecho muy mediática” debido a la campaña desplegada por Humberto Martínez, denominada “bolsillos de cristal”, en la que acude a las capitales de las provincias y hace sesiones públicas en las que organizaciones civiles y ciudadanía denuncian casos de corrupción al interior de las arcas públicas, haciendo énfasis en los casos en los que están inmiscuidas autoridades de procuración de justicia. A estas campañas, indica el jurista, acudía el director de la Fiscalía Anticorrupción, lo que lo colocó en la mira pública.

“Cuando esa unidad adquiere esa visibilidad, su director también se vuelve muy visible, el fiscal nacional está en esa campaña nacional y entonces viene la captura del jefe de la Unidad por una conducta de corrupción, entonces eso desata todo ese despliegue mediático que se ha visto alrededor de la captura del director”.

En el año 2005, Colombia se encontraba en el lugar 55 del índice de Transparencia Internacional sobre combate a la corrupción, con 40 puntos de 100. Para el 2016, (el último reporte publicado por Transparencia Internacional), esta nación sudamericana cayó 35 posiciones y ocupa el lugar 90, con un índice de corrupción de 37 puntos.

México ha seguido la misma tendencia a la baja e incluso más marcada. En el 2005, nuestro país se encontraba en la posición número 65 del ranking sobre corrupción internacional, con un índice de 35 puntos. Para el 2016 México pasó a ocupar el lugar 123 con un índice de 30 puntos, una caída de 50 escaños.

Transparencia por Colombia, capítulo de Transparencia Internacional, presentó hace algunos días su Índice de Transparencia de la Entidades Públicas 2015-2016 de Colombia.

En el informe de esta organización se precisa que la Fiscalía Nacional colombiana mantiene un riesgo alto en su interior de corrupción al obtener 50.9 puntos de 100 disponibles en la medición de candados anticorrupción.

El caso mexicano
y el fiscal inexistente

México se encuentra a 48 horas de que entre en vigor el andamiaje legal construido para combatir la corrupción entre privados y la administración pública. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los 32 sistemas estatales, así como las leyes secundarias que los arropan deberán entrar en funcionamiento este 19 de julio.

Una de las discusiones que ha acaparado la atención de académicos, especialistas y activistas mexicanos es la Fiscalía Anticorrupción, la cual, así como en Colombia, dependerá directamente la Procuraduría General de la República, misma que se prevé se convierta en una Fiscalía General próximamente.

En México se ha estipulado, de la misma manera que sucede en el país sudamericano, que el titular de la Fiscalía Anticorrupción será nombrado por el procurador y posteriormente fiscal general. El primer fiscal nombrado se encontrará en funciones hasta el próximo 30 de noviembre del 2018, posteriormente se volverá a nombrar.

A pesar del nacimiento formal de la Fiscalía, el nombramiento de su titular ha sido postergado indefinidamente por el Senado de la República en México, el cual ha tenido tres años, desde el 2014, la tarea pendiente de elegir un perfil idóneo para el puesto entre los 23 aspirantes.

A la polémica sobre la Fiscalía Anticorrupción se suma una más: el pase automático que se prevé hasta el momento por las reformas aprobadas en el 2014 del actual procurador Raúl Cervantes Andrade, quien pasaría a ser el nuevo fiscal de la nación.

Este supuesto ha traído críticas, en especial de las organizaciones de la sociedad civil, quienes acusan la imposición de un fiscal.

Pendientes y rezagos del caso mexicano

De acuerdo con el artículo séptimo transitorio de la Constitución de la reforma del 2015, los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables, las constituciones y sus leyes locales.

1. A pesar de que formalmente el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) arranca este 19 de julio, aún el Senado de la República no ha designado a quien fungirá como fiscal.

2. La Cámara Alta tampoco ha elegido a los magistrados que formarán parte de la Tercera Sección de la Sala Superior y las cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

3. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no ha aprobado los formatos para que funcionarios públicos presenten en su momento sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.

4. Sólo nueve estados contaban hasta hace poco con una ley anticorrupción: Baja California Sur, Puebla, Sonora, Aguascalientes, Morelos, Querétaro, Chiapas, Nayarit y Oaxaca.

5. De acuerdo con el Semáforo de Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sólo Baja California Sur tenía 100% de la implementación del Sistema Local Anticorrupción (SLA).

6. Los estados que no contaban con el SLA eran Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, CDMX, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

7. Campeche, Chihuahua y Tabasco no contaban con una reforma constitucional.

8. Baja California Sur, Chiapas, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sonora, Aguascalientes, Tamaulipas, Yucatán, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí tenían reformas constitucionales satisfactorias, de acuerdo al IMCO y Transparencia Mexicana.

EL DATO

El PAN no se prestará a aprobar el nombramiento de un fiscal anticorrupción que carezca de verdadera autonomía y que no cuente con las necesarias atribuciones y facultades que hagan operante su funcionamiento, afirmó el senador Fernando Herrera Ávila.

El coordinador de la bancada panista señaló que sus senadores han insistido en los meses recientes en la necesidad de nombrar a un fiscal verdaderamente autónomo, para lo cual están sometiendo a debate público el tema y puesto sobre la mesa propuestas puntuales.

Herrera Ávila también acusó al PRI de convocar a un periodo extraordinario, para discutir y votar éste y otros temas, sin que previamente se hayan reunido las comisiones.

“El PRI-Gobierno no ha mostrado un compromiso serio, ni planteado con claridad si está a favor de la exigencia de la sociedad para que el combate en contra de la corrupción sea decidido y efectivo”, sostuvo. (Con información de Ana Langner)


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