firmaron convenios con universidades públicas con el fin de eludir la Ley de Adquisiciones
¿Cómo es el esquema para desviar recursos públicos denunciado por MCCI?
La estafa maestra fue realizada por 11 dependencias del gobierno federal en connivencia con ocho universidades locales de diferentes estados del país.
Foto: Twitter @Pajaropolitico
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La gran estafa fue el nombre que se le dio en español a la película protagonizada, entre otros, por Brad Pitt y George Clooney y que a su vez es un remake de Ocean’s Eleven, de 1960. En el filme del 2001, dirigido por Steven Soderbergh, la gran estafa concluye cuando los criminales se disfrazan de policías para salir impunes después de cometer el mayor robo a un casino de la historia. En México, los estafadores se disfrazan de funcionarios para desaparecer recursos públicos que en muchos casos estaban destinados a los sectores más vulnerables de la población.

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De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político
, 186 empresas recibieron 7,670 millones de pesos del gobierno federal a través de contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, los cuales fueron reportados en Cuentas Públicas del 2013 y el 2014. De esta cifra, “3,433 millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma”, refiere Animal Político.

Los reporteros Nayeli Roldán y Manuel Ureste, de Animal Político y Miriam Castillo de MCCI, se centraron en 73 de los 2,061 convenios que ha firmado el gobierno federal desde el 2010 y que involucran hasta 31,667 millones de pesos. De acuerdo con su investigación, “en su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales”.

La estafa maestra, nombre que recibió el reportaje, fue realizada por 11 dependencias del gobierno federal, como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por 2,224 millones de pesos, bajo la gestión de Rosario Robles Berlanga; el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), durante la gestión de Alfredo del Mazo Maza, con un fraude por 491 millones de pesos; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en la gestión Alfredo Llorente Martínez, con 97 millones de pesos y la Secretaría de Educación Pública, durante la gestión de Emilio Chuayfett, con 278 millones de pesos.

Las instancias del gobierno federal no estuvieron solas a la hora de realizar estos desvíos. De acuerdo con la investigación de Animal Político y MCCI, ocho universidades estatales, también públicas, fueron cómplices de este complejo esquema con el que desaparecieron miles de millones de pesos que serían destinados obras en beneficio de la población. La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen, en Campeche, son algunas de las dependencias educativas que recibieron más de 1,000 millones de pesos por participar en este fraude.

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1. Dependencias eluden la Ley de adquisiciones

Las dependencias del gobierno firmaron convenios con universidades públicas con el fin de eludir la Ley de Adquisiciones, que las obligaría a hacer licitaciones públicas para que distintas empresas compitieran entre sí para ofrecer el servicio. Esta práctica es legal, siempre y cuando las universidades realicen al menos 51% de los servicios contratados, cosa que no ocurrió en ninguno de los casos documentados por Animal Político y MCCI.

2. Universidades subcontratan a 186 empresas

En lugar de realizar el 51% que por ley les correspondía de los proyectos, las universidades entregaron a diversas empresas la totalidad de los convenios: “Distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de Pemex, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir”. La comisión que recibieron las universidades que subcontrataron a las 186 empresas recibieron por esta mediación entre 10 y 15% del total del convenio, lo que en total representa más de 1,000 millones de pesos, lo que de por sí ya es un sobreprecio por los servicios contratados, ya que las instituciones recibieron el dinero “por no hacer nada, más que validar la triangulación de recursos”, indica el reportaje.

3. 128 de las 186 empresas presentaba irregularidades

De las 186 empresas contratadas por las 11 universidades que participaron en La estafa maestra, 128 no habrían podido obtener ningún contrato público debido a lagunas legales como el que el Sistema de Administración Tributaria declaró a 11 como empresas fantasma, 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas después de recibir los contratos y 44 no están registradas ante la Secretaría de Economía, cosa que es indispensable para poder operar. “¿Quién seleccionó a las empresas? Nadie quiere responder eso frente a una grabadora”, indica la investigación de Animal Político. “Sin embargo, personal de las universidades —que hablaron a condición de anonimato— dicen que los funcionarios las ‘sugirieron’, mientras algunos funcionarios afirman que fueron las instituciones educativas’”, refiere la investigación.

4. Las empresas no existen o no hacen lo que dicen hacer

Las empresas a las que las universidades entregaron los proyectos tienen y comparten varias características: no existen, desaparecieron o no se dedican a la actividad que les fue encomendada. Ocho empresas nunca estuvieron localizadas en los domicilios registrados, en donde solo hay casas particulares en municipios del Estado de México como Nezahualcóyotl y Ecatepec. “Nueve operan en despachos contables que aparentan ser legales, pero no tienen empleados ni infraestructura para operar o realizar servicios”, consigna Animal Político.

Los reporteros ponen varios ejemplos para dar muestra de las diversas modalidades adoptadas por La estafa maestra. Uno de ellos es el de la empresa Publicidad y Mercadotecnia Infinitum S.A. de C.V. que fue contratada por el Fondict de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para dar “servicios administrativos para desarrollo del sistema informático” de la SCT. El problema es que esta empresa fue considerada por el SAT como empresa fantasma por haber sido detectadas actividades fraudulentas durante su operación.

Otro ejemplo es el de Dumago System Solutions, SA de CV, que supuestamente se dedica al comercio al por menor de computadoras y sus accesorios”, pero a la que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos contrató para entregar despensas y organizar una feria de organizaciones sociales por un monto de 33 millones 633,000 pesos, refiere la investigación de Animal Político y MCCI.

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5. El esquema se hace más complejo

En algunos casos, el esquema de desvío de recursos públicos alcanzó un grado de complejidad que involucró hasta a 12 empresas dentro de un mismo contrato. Tal fue el caso del fraude que ocurrió en el interior del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), durante la gestión de Alfredo del Mazo Maza. La trama de este fraude se resume así: Banobras firmó tres convenios por 491 millones de pesos con el Fondict de la UAEM, el cual a su vez contrató a dos empresas para que realizara los servicios “de control, operación y soporte” de la red interna de Banobras, explica la investigación.

De las dos empresas contratadas por el Fondict, Intellego Servicios de Consultoría SA de CV contrató a cinco empresas más, de las cuales cuatro presentan irregularidades “que les impedirían recibir contratos públicos de manera directa”, indica el reportaje. Solo una de estas cinco empresas cumplió con las actividades de los convenios que firmó con Intellego. “QUITZE, SA de CV, recibió 452,500 pesos para realizar los servicios”, lo que representa apenas 1% del monto total de los contratos que firmó Banobras en este esquema de fraude.

6. Las investigaciones no han derivado en el deslinde de responsabilidades

En un comunicado a manera de respuesta por el reportaje de Animal Político y MCCI, la Secretaría de la Función Pública (SFP) indica que “la información presentada se refiere a resultados públicos de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2013 y 2014, emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”. Según el comunicado, la auditoría ya informó a las dependencias sobre “las acciones correspondientes para atender y solventar éstas y otras observaciones” y que “la ASF incluso presentó denuncias penales, mismas que están en curso”.

La SPF indica que se investiga a 40 funcionarios públicos por estas observaciones de la ASF, pero nadie ha sido sometido a juicio ni se le ha dictado sentencia. Lo mismo ocurre con prácticamente todas las dependencias vinculadas con el esquema de defraudación revelado por La estafa maestra, ninguna ha podido presentar pruebas de que los recursos fueron destinados a empresas que efectivamente las funciones para las que fueron contratadas. “Animal Político y MCCI solicitaron a la Secretaría de Agricultura comprobantes de que los servicios se ejecutaron. Vía transparencia pública se pidieron fotografías, documentos, bases de datos o cualquier prueba sobre los servicios. La Secretaría de Agricultura, en su respuesta oficial, aceptó que no existen comprobantes del servicio”, explica el reportaje.

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rodrigo.riquelme@eleconomista.mx

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