Instan a revertir prácticas que violan DH
Detenciones ilegales “debilitan a la justicia”
En México las detenciones arbitrarias y la tortura son una práctica cotidiana que debilitan al sistema de justicia, denunció Amnistía Internacional.
En el Senado fue presentado el informe “Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias por la policía en México”. Foto: Senado
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En México las detenciones arbitrarias y la tortura son una práctica cotidiana que debilitan al sistema de justicia, denunció Amnistía Internacional.

La organización no gubernamental presentó el informe “Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias por la policía en México”, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, presidida por Angélica de la Peña Gómez.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi expuso que en el 2016 las detenciones arbitrarias fueron la cuarta causa de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con 10,249 denuncias.

Sin embargo, aclaró que no existen cifras oficiales debido a la irregularidad de los hechos, la normalización de esta práctica por parte de las autoridades y el desconocimiento mismo de las víctimas sobre el tipo de violación a sus derechos humanos.

“Estamos pensando que es una forma totalmente regular y cotidiana de la autoridad actuar con dos objetivos: extorsionar a la persona que se detiene y la siembra de evidencia para la creación de un delito”, señaló.

Asimismo, expuso que existe una grave brecha entre la institucionalidad y el cumplimiento de las normas jurídicas, debido a que las faltas a la ley prácticamente no tienen consecuencias. “Cuando hablamos de que en este país hay 98% de impunidad (...) estamos hablando de un círculo entre impunidad y corrupción que lo que da por resultado es que las normas jurídicas, por más buenas que sean, no funcionan”, dijo.

Agregó que no se trata únicamente de legislar de manera adecuada, sino de revertir prácticas nocivas y claramente violatorias de los derechos humanos.

A su vez, sugirió al Congreso de la Unión eliminar de la Constitución y de las leyes la figura de la prisión preventiva oficiosa y que sean los jueces quienes decidan su adopción en la determinación individualizada que lleven a cabo.

ana.langner@eleconomista.mx

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