frente ciudadano anuncia reformas
Legislar en obra pública, pendiente del Congreso
Ruiz Esparza informó que en breve se darán a conocer resultados de una auditoría de una empresa internacional sobre el Paso Exprés.
Proponen reforzar el Testigo Social, crear candados para el buen manejo de CompraNet, y procesos públicos.
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En el Congreso han sido varios los intentos por establecer candados a las conductas de corrupción en el momento del cierre de contratos entre particulares y el gobierno cuando se trata de obras públicas.

Ayer, por ejemplo, senadores y diputados del Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) presentaron la agenda que impulsarán en el actual periodo ordinario de sesiones, entre ellos un paquete de combate a la corrupción y a la impunidad.

Los coordinadores del PAN en el Congreso, Marko Cortés y Fernando Herrera; del PRD, Francisco Martínez Neri y Luis Sánchez, y el coordinador de MC, Clemente Castañeda, anunciaron que promoverán una reforma a la legislación en materia de adquisiciones y obra pública, a fin de combatir cualquier acto de corrupción.

Dijeron que contemplará que la licitación pública sea la práctica y no la excepción, incluirá además nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, criterios de racionalidad, eficiencia y competitividad.

En febrero pasado, senadores del PAN y del PRD habían presentado una iniciativa para expedir la Ley de Contrataciones de Obras Públicas, con el propósito de asegurar la competencia, transparencia, equidad y eficiencia en los procesos de contratación.

El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, expuso entonces que el objetivo era erradicar la corrupción que existe en el sector, al establecer en la ley mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que anulen espacios de discrecionalidad y opacidad, y fomenten procedimientos de contratación competitivos e imparciales.

La propuesta busca eliminar el régimen de excepciones a la ley, en concordancia con las prácticas internacionales en materia de corrupción; suprimir áreas de opacidad; crear un marco especial para proyectos de magnitud relevante e incentivar la sana competencia, y restringir las adjudicaciones directas.

Asimismo, plantea incentivar la participación ciudadana, por medio del Testigo Social y el Comité de Participación Ciudadana; crear candados para el buen manejo de CompraNet, efectuando los procesos públicamente de inicio a fin, sin excepciones, y crear un padrón de proveedores, lo que evitaría la discriminación entre competidores, mejorando las formas de contratación del Estado.

Más tarde, en mayo del 2017, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del PT, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Esta propuesta establece en el capítulo relativo a las excepciones a la licitación pública que dentro del procedimiento de invitación, la dependencia o entidad deberá solicitar al sistema de CompraNet una lista de al menos tres proveedores o contratistas de la rama o giro que corresponda mejor calificados, de acuerdo con el Registro Único de Proveedores y Contratistas. Lo anterior con el fin de evitar la falta de transparencia y manipulación en los procesos de asignación.

Para la coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos, “será muy difícil tener una obra pública más eficiente que aporte más al desarrollo de México, así como controlar la corrupción, si no cambiamos y modernizamos muchos de esos procesos”.

En su opinión, la ley que sea aprobada en la materia debe ser general para garantizar un piso parejo en todos los estados del país y considera que los proyectos de infraestructura deben tener un plan ejecutivo completo antes de su contratación, pues las actualizaciones son campo fértil para la corrupción al dificultar el seguimiento.

Viene otra auditoría: Esparza

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones, informó que en próximos días se darán a conocer otros resultados de una nueva auditoría contratada a un grupo de empresas mexicanas y extranjeras con el fin de deslindar con precisión las responsabilidades correspondientes por el socavón que se formó en el Paso Exprés.

“La SCT está siguiendo hasta sus últimas consecuencias las decisiones que se tomen de este evento y quienes tenga responsabilidad, se trate de servidores públicos, se trate de empresas o de funcionarios locales, tendrán que asumir y nos sumamos a esto”, dijo el secretario en el marco de la Convención Nacional de la Canieti 2017.

“Y falta todavía darles a conocer la auditoría de una empresa internacional con una empresa mexicana, que están revisando en todo el Paso Exprés para garantizar la parte constructiva”, añadió el funcionario federal.

De hallar elementos que evidencien nuevas irregularidades con la obra, la SCT procederá contra los responsables de manera “ineludible”.

“Nos hemos sumado a toda la investigación que ha estado haciendo la SFP. Le hemos aportado elementos, le hemos aportado documentos; le hemos dado comentarios que se han escuchado dentro del sector, de un lado y del otro, sector privado, sector público, para que tenga todos los elementos para tomar lo más rápido posible las determinaciones (de responsabilidad)”, expuso. (Con información de Rodrigo Riquelme y Nicolás Lucas)

Podrían ampliar tiempos de pruebas

El subsecretario de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Eber Omar Betanzos Torres, indicó que después de los 45 días hábiles que se dio para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aclare las irregularidades detectadas en cuatro contratos del Paso Exprés de la carretera México-Cuernavaca, se podría ampliar el plazo para que se presenten las pruebas.

“No tenemos una temporalidad en términos específicos de un caso en concreto (...) los mismos plazos (para que acaben las investigaciones) son sujetos a los procesos de análisis de ampliación que están establecidos por la ley”, precisó.

Asimismo, el subsecretario negó dar información sobre por qué la SFP auditó sólo cuatro contratos de los 13 existentes en la obra. “Debo insistir en que estos puntos específicos en términos del desarrollo de la investigación están concentrados en lo que hasta este momento se ha reportado”, indicó Betanzos Torres tras la presentación de protocolos de actuación de los comités de ética de la administración federal.

Abundó que son tres funcionarios los que se encuentran implicados y se les investiga por enriquecimiento ilícito; no obstante, dijo, debido a la misma investigación, no se pueden dar más detalles.

Plataforma, sobre contrataciones

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó una plataforma sobre contrataciones abiertas en donde se podrá consultar los contratos públicos, etapa por etapa, ante lo cual, afirmaron comisionados del órgano de transparencia, se reduce “la opacidad”.

El comisionado del INAI Joel Salas indicó que la plataforma cuenta con el aval de organizaciones como Transparencia Mexicana, además de que colaboraron dependencias federales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.

Añadió que para este 2017 el gasto total en inversión por parte del gobierno federal ascenderá a 587,429 millones de pesos. Debido a la cantidad de recursos, las contrataciones son uno de los riesgos de corrupción más importante para los gobiernos.

“De acuerdo con la convención antisoborno de la OCDE, se ha señalado que 57 % de los casos de corrupción están relacionados con contratos públicos”, dijo Salas.

Añadió que el objetivo es que en la plataforma se puedan encontrar todos los documentos sobre las contrataciones federales para que se puedan cruzar datos, indicó. (Héctor Molina)


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