Hay indicios de que personal de “mandos medios” de las áreas de Telefonía e Internet de la Cámara de Diputados facilitó el presunto espionaje e impidió las primeras investigaciones del caso, informó anoche el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Guadalupe Acosta Naranjo.

El Senado aprobó por unanimidad una reforma para impedir que una solicitud de cateo o intervención de llamadas telefónicas, ante un delito evidente, quede traspapelada en los archivos del Ministerio Público de la Federación.

La SIEDO y el Cenapi, ambos de la PGR, son a partir de ayer los únicos facultados para solicitar a los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones la “intervención telefónica”.

Por motivos de seguridad nacional, establece el dictamen que está por aprobarse, dichas autoridades podrán además intervenir comunicaciones privadas (toma, escucha, monitoreo, grabación o registro), previa autorización judicial.

El titular de la SCJN,Guillermo Ortiz, comentó que estos seis juzgados no serán un instrumento para tener más convictos, sino para tener una mejor aplicación del derecho penal.