Quitar Uber y Cabify inhibe innovación y no resuelve problemas
La diputada panista Laura Ballesteros opinó que se debe diseñar una reglamentación que los reconozca y que establezca los lineamientos para crear un piso parejo a nivel competencia.
Julio Sánchez Onofre / El Economista
Oct 30, 2014 |
22:00
Foto EE: Araceli López
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Aunque el gobierno del Distrito Federal prohíba la operación de plataformas tecnológicas que ofrecen servicios de transportación entre privados, como Uber y Cabify, esto no resolverá los problemas que aquejan a los taxistas como a los usuarios de transporte público; por el contrario, podría inhibir la innovación y el desarrollo tecnológico, advirtió Laura Ballesteros, diputada por el PAN e integrante de la Comisión de Movilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

En entrevista, la legisladora consideró que en lugar de buscar una normatividad que prohíba el uso de estos nuevos servicios de transportación, basados en un modelo de economía colaborativa, se debe diseñar una reglamentación que los reconozca y que establezca los lineamientos para crear un piso parejo a nivel competencia con otros jugadores en el mercado, con miras al beneficio del usuario.

"Estamos en una etapa distinta donde el mundo ya cambió, donde las fronteras están abiertas, donde la innovación marca tendencias y tenemos que ser lo suficientemente responsables para que los que hoy ya están compitiendo, no tengan una competencia desleal, pero también para los usuarios que hoy están recibiendo un servicio no lo vean mermado y mucho menos desaparecido", comentó la legisladora.

El lunes pasado, la Asociación de Taxistas Regulares del Distrito Federal exigió al gobierno capitalino el frenar estos servicios en la ciudad como parte de una serie de peticiones para erradicar la "piratería" de los servicios de taxi en la capital.

Los taxistas aseguran que estos servicios son ilegales, generan una competencia desleal y genera incertidumbre tanto para choferes como usuarios de estos servicios. Uber y Cabify, por el contrato, defienden que sus plataformas operan en la legalidad, brindan mejor servicio, seguridad y confianza a los usuarios, además de que son fuentes de empleos flexibles y de ingresos adicionales para amas de casa, emprendedores y desempleados.

"Nosotros desde que llegamos a México hace dos años hemos sido muy transparentes. Pagamos impuestos, es una empresa constituida en México y creemos que lo estamos haciendo bien", dijo incluso Edgardo Rivera Torres, director de Cabify en México.

El gremio taxista dio un ultimátum de dos semanas para dar solución a las peticiones o de lo contrario arrancarían una serie de movilizaciones en la ciudad e incluso el aumento de las agresiones en contra de los conductores de Uber y Cabify que ya se han registrado principalmente en la zona de Polanco.

En una entrevista previa, el representante de los taxistas, Daniel Medina, rechazó una regulación a estos servicios sino una prohibición total. Consultados aparte, tanto Uber como Cabify dijeron estar dispuestos a dialogar para crear una normatividad que dé cabida a ambos modelos de negocio.

"El diálogo tiene que abrirse porque tenemos que empezar a generar las condiciones para que el servicio de taxi mejore y sigan mejorando conforme la gente hoy espera, pero tampoco podemos poner en camisa de once varas la innovación pues lo que permite su crecimiento es que no esté acotada", reiteró la legisladora quien rechazó cualquier acto de violencia producto de esta disputa.

Este jueves, el secretario de Movilidad de la ciudad de México (Semovi), Rufino León Tovar, declaró ante los medios de comunicación que la próxima semana se emitirá una regulación de las aplicaciones digitales en la que se busca establecer que para dar este tipo de servicios, los vehículos deben tener una concesión y placas de taxi vigentes y que el conductor debe tener licencia específica de taxista.

"Me parece que la Semovi está haciendo lo que le toca hacer, está proponiendo esta reglamentación que está por sacar. Sin embargo esto no va a solucionar el problema a los usuarios. Los usuarios están exigiendo un mejor servicio y el sacar las especificaciones de regulación que la Semovi anunció, no va a mejorar el servicio de la gente que está pidiendo que se le cumpla con la dignidad del servicio que requieren", insistió la legisladora local.

El Economista ha buscado desde hace varias semanas al titular de la Semovi para conocer más a fondo los planes de regulación pero hasta el momento, la respuesta ha sido negativa.

El primer paso para crear una reglamentación, dijo Ballesteros, es definir y reconocer legalmente los nuevos modelos de servicios de transportación que prestan a través de plataformas como Uber y Cabify en el reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

"En la Ley de Movilidad, como está planteada, hay un vacío para este tipo de nuevos servicios. Esto tampoco está mal pues la innovación y la tecnología va siempre dos pasos adelante de todo y la obligación que tenemos como gobierno y legisladores esa tuar rápidamente cuando esto surja para poder garantizar piso parejo y medidas claras sin que esto afecte el servicio para la gente que es lo que hoy está pidiendo", dijo.

"Por eso, en el reglamento de la Ley de Movilidad es donde debería de venir estipulado este tipo de nuevos servicios pero la discusión va más allá de lo que hoy está planteando la Semovi. La discusión hoy es si son transporte público, transporte privado, de qué manera se va a dar la regulación, pues hay que darle piso parejo y reglas claras a todos", agregó.

Proponen Comisión del Taxi

Una de las propuestas que la legisladora ha entregado a la Semovi es la creación de una Comisión del Taxi para resolver los problemas del sector que van más allá de los modelos de negocio basados en la colaboración, que van desde los actos de corrupción hasta la capacitación y evaluación de los choferes de taxi en la capital mexicana.

"Por desgracia hoy el transporte concesionario taxi en la ciudad de México tiene que mejorar, no está dando el servicio que la gente demanda y esto no sólo se le atribuye al concesionario sino que es un problema del gobierno también. Algo está sucediendo en el estómago del gobierno, de que todos esos procesos administrativos en los que el taxi está envuelto e inmiscuido con ellos le está generando mal servicio a los usuarios. Hoy necesitamos comprar unidades, necesitamos capacitar a los choferes y evaluarlos, y esto el gobierno no lo está haciendo", criticó la diputada.

En esta propuesta, la Comisión estaría encabezada por la Semovi y en la que también participaría el Instituto de Verificación Administrativa del DF, legisladores locales.

El objetivo, agregó, es que: "se puedan establecer pasos para mejorar el taxi de la ciudad, entre ellos la capacitación y evaluación de los choferes, generarles los recursos para que cambien sus unidades, y por supuesto plantear la regulación de estos nuevos sistemas de transporte que existen en la ciudad que hoy, sin duda, hay que reconocer en la discusión".

Sin embargo, la legisladora aseguró que no se ha recibido respuesta alguna del gobierno capitalino.

Laura Ballesteros adelantó que ya se está organizada en la ALDF una serie de foros públicos para debatir esta situación, que podrían arrancar la próxima semana, con el fin de que se puedan generar propuestas para una normatividad para que "todos tengan el piso parejo para trabajar".

julio.sanchez@eleconomista.mx

mfh

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