Las órdenes judiciales no son opcionales y Apple debe cumplir: Senador
Un iPhone es la manzana de la discordia entre Apple y el FBI
Un iPhone posiblemente contiene evidencia crucial para conocer más detalles del ataque en San Bernardino, pero Apple se niega a acatar una orden para registrar el teléfono.
Ellen Nakashima
Feb 27, 2016 |
19:09
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Era un convincente conjunto de hechos para el gobierno estadounidense: un ataque terrorista en California que mató a 14 personas, un iPhone que posiblemente contiene evidencia crucial que no podía ser desbloqueado y una orden para registrar el teléfono.

Pero el contenido del teléfono está encriptado, y Apple, según el Departamento de Justicia, se ha negado a ayudar al FBI a encontrar una manera de desbloquear el dispositivo. La semana pasada, el gobierno obtuvo una orden de la Corte que ordena a Apple brindarle ayuda.

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En un mensaje publicado, que rayaba en lo apocalíptico, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, acusó al gobierno de pedirle que construyera una “puerta trasera” en un iPhone para diseñar un software que equivale a “hackear a nuestros propios usuarios”.

Apple argumentó que, a partir de las horas después del ataque de diciembre pasado hasta hace unos días, ha trabajado con el FBI para entregar los datos que tiene la compañía, como la copia de respaldo de seguridad del teléfono en el servicio iCloud.

Pero Apple, que no quería hacer nada, afirmó que la “puerta trasera” debilitaría la seguridad del dispositivo con la creación de software que permitiera efectivamente a los funcionarios tratar de descifrar la contraseña del teléfono.

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En la creciente lucha relacionada al cifrado, el gobierno estadounidense ha forzado un enfrentamiento que lleva gestándose por varios años. El 17 de febrero pasado, el Departamento de Justicia y el gigante de Silicon Valley apretaron el debate sobre el cifrado, y subieron las apuestas para aquellos que apoyan mayores poderes de cifrado para proteger la privacidad, seguridad y para los que piensan que los tribunales deben ser capaces de obligar a las tecnológicas a dar cabida a la necesidad del cumplimiento de la ley para frustrar a criminales y ataques terroristas.

“El gobierno quiere establecer un marcador aquí para que las empresas tengan que proporcionar asistencia cuando pueden”, dijo Timothy Edgar, investigador en el Instituto Watson de la Universidad Brown de Asuntos Internacionales y Públicos y ex oficial de la Privacidad para la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

“Apple está diciendo: ‘No queremos tener que hackear a nuestros propios clientes’. El resultado del caso va a ser muy importante para el equilibrio entre la privacidad y la seguridad”, expresó.

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Cualquiera que haya visto el debate sobre el cifrado en el último año y medio sabía que este día llegaría. “Éste es un caso ideal para el gobierno para desafiar a la industria en el debate del cifrado”, dijo Michael Sussmann, un ex funcionario del Departamento de Justicia y un socio del bufete de abogados Perkins Coie. “Los hechos son solidarios con el gobierno y presentan el ejemplo más claro sobre la necesidad de tener acceso a los datos cifrados para proteger al público estadounidense”, expresó.

El dispositivo en el ojo del huracán, un iPhone 5C, fue utilizado por Syed Rizwan Farook, quien con su esposa, Tashfeen Malik, abrió fuego en el Centro Regional Inland en el condado de San Bernardino. La pareja, que prometió lealtad al Estado Islámico, murió unas horas más tarde en un tiroteo con la Policía.

Lo que el gobierno quiere que Apple haga es diseñar el software que instalaría en el teléfono y que bloquearía la posibilidad de que la información se limpie automáticamente después de 10 intentos fallidos de introducir una contraseña. Ello permitiría al FBI forzar la contraseña del teléfono —al intentar decenas de millones de combinaciones sin poner en riesgo la supresión de los datos.

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El gobierno también quería que el software permitiera al FBI enviar las contraseñas al teléfono de manera electrónica, en lugar de tener a alguien que las escriba manualmente. El software también debía evitar retrasos entre cada intento.

La solicitud, según expuso el Departamento de Justicia, no requiere a Apple rediseñar sus productos para deshabilitar el cifrado del teléfono o abrir su contenido. El software, aseguró, podría funcionar solamente en ese teléfono.

Los expertos técnicos dijeron que todo eso es posible. La pregunta es: ¿pero acaso es deseable?

En la nota “Un mensaje a nuestros clientes”, publicada en el sitio web de Apple, Cook dijo: “No se equivoquen: construir una versión del iOS que esquive la seguridad de esta manera crearía, sin lugar a dudas, una puerta trasera”. Aunque los funcionarios del gobierno dicen que el software se diseñaría para un solo teléfono, dijo que “una vez creada, la técnica podría ser utilizada una y otra vez en cualquier número de dispositivos”.

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Cook dijo que sentaría un precedente peligroso. “Las implicaciones de las demandas del gobierno son escalofriantes”. Si el gobierno se sale con la suya, dijo Cook a sus clientes, podría “demandarle a Apple construir software de vigilancia para interceptar tus mensajes, acceder a tu historia clínica o a tus datos financieros, seguir tu ubicación o incluso acceder al micrófono o a la cámara del teléfono sin tu conocimiento”.

La polarización del debate se puede ver en el uso del término “puerta trasera”, que Cook acusó que es lo que está buscando el gobierno. El término en sí es impreciso y puede entenderse como todo lo que pretende crear un camino alrededor del cifrado o, usado de manera más amplía, algo que debilitaría la seguridad. El gobierno rechaza el término para describir lo que está pidiendo.

La Casa Blanca reaccionó contra Apple y su postura del argumento: “Este caso no requiere que Apple (…) cree una nueva puerta trasera”, dijo el secretario de Prensa, Josh Earnest. “Es una petición muy específica que el Departamento de Justicia ha hecho y un juez estuvo de acuerdo”.

La reacción desde Washington fue rápida y dividida. “Las órdenes judiciales no son opcionales y Apple debe cumplir”, dijo el senador republicano Richard Burr, de Carolina del Norte y presidente del Comité de Inteligencia del Senado.

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Algunos analistas dijeron que la orden emitida por un juez federal en Riverside, California, abre una caja de Pandora. “Si un tribunal tiene la facultad de ordenar a un tercero como Apple diseñar un software que no posee (para ayudar en la vigilancia), ¿qué más podría exigir a una empresa?”, dijo Stephen Vladeck, profesor de Derecho en la American University. “Hay una verdadera búsqueda de un principio limitante que aquí no hemos identificado”.

Apple ha forzado un debate que parece irresoluble entre la justicia y la industria tecnológica.

Ellen Nakashima escribe sobre seguridad nacional para The Washington Post.

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