El objetivo del régimen simplificado, considerado como un “régimen especial de recaudación “, que en México surge en 1990 para personas físicas y en 1991 para las morales, es hacer a determinados sectores de la producción, y en particular a las pequeñas y medianas empresas, más fácil el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Con esto también se busca reducir sus altos costos administrativos que implica el pago de impuestos para las empresas.

Un reciente trabajo realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo hace referencia a cómo el esquema tan complejo para el pago de impuestos en México ha mermado la productividad de muchas empresas.

Precisamente el libro establece que los regímenes especiales para las pequeñas empresas tienen por objeto promover la formalidad, así como aumentar el control de los pequeños contribuyentes

Sin embargo, con el correr de los años este objetivo se ha desvirtuado y muchos han abusado de su condición especial.

Por ejemplos en el caso de los productores agropecuarios, igual se benefician de este régimen aquellos que tienen una hectárea para su autoconsumo –imagino que muchos incluso no pagan impuestos- que las grandes transnacionales del sector.

Algo similar ocurre con el sector del autotransporte de carga y pasajeros, que igual beneficia al propietario de un camión, que al dueño de una flotilla con cientos de unidades.

Si la intención de este esquema es buena, incluso así lo reconoce el estudio del BID, pero se ha convertido en uno de esos incentivos perversos de los que luego es muy difícil poder desprenderse...