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Conaculta y la? deuda con el ECRO
La asignación y el ejercicio del gasto público en cultura va más allá del Subsector de Cultura y Artes de la SEP. Tiene lugar un laberinto administrativo de alcance nacional.
Estoy atrapado entre el presupuesto histórico de Consuelo Sáizar y el presupuesto suficiente de Rafael Tovar.
Entre la política cultural del siglo XXI de una, y la restauración de la política cultural del siglo XX del otro. Tal reclusión es simbólica y es real.
Al concluir su mandato, la narrativa de la titular del Conaculta era de jolgorio por el dineral. Hoy, el por tercera ocasión mandamás del Consejo decide que no hay necesidad de más recursos, sin mostrar evidencias de ello.
La realidad es la misma y es otra. Cambió de manos la patente de corso y tiene en el modelo de la gestión administrativa una de sus manifestaciones más nítidas. Por ello, Tovar recibió una carta hace más de una semana.
Alrededor de 1,500 personas, entre estudiantes, egresados, profesores, profesionales de la cultura, expertos en restauración del país y de otras naciones, simplemente le piden que se cumpla con la entrega del subsidio correspondiente a la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO). Les deben el 2012 y el 2013. La cantidad gira en 11 millones de pesos. No ha habido respuesta.
Y de pronto reparo en que el país pletórico de patrimonio sólo cuenta con tres escuelas para formar restauradores a nivel licenciatura. En el INAH, en la Universidad de San Luis Potosí y en la ECRO de Guadalajara, que es un organismo público descentralizado del gobierno del estado, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. Cierto, una nueva escuela ha nacido en Zacatecas, la Refugio Reyes.
La falta de entrega de los fondos por parte del Conaculta (vía la Dirección de Sitios y Monumentos), la locuaz matemática de Ricardo Villanueva, el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del gobernador Aristóteles Sandoval, y la políticamente inamovible dirección de Alejandro Canales (en el puesto desde la fundación en el 2000, tiempos del gobierno de Alberto Cárdenas) han puesto en riesgo la viabilidad de la ECRO. Para Villanueva, la escuela es una pésima inversión pública, ya que cada alumno sale muy caro.
Incluso declaró que sería mejor becar en un centro de esta especialidad en El Vaticano a los aspirantes a restauradores... Y amenaza con desaparecer o transferir la escuela a otra dependencia. Le vale la Junta Directiva. El presupuesto anual es de poco más de 14 millones de pesos.
Entre el 2005 y el 2013, han terminado sus estudios de licenciatura en restauración de bienes muebles 121 alumnos; 28 de ellos se han titulado, 43 están en proceso de hacerlo. La matrícula actual es de 96. La inscripción vale 1,100 pesos; el semestre, 4,500 pesos. ECRO tiene una plantilla laboral de 63 personas, de los cuales 46 son académicos, ocho administrativos, siete de intendencia y dos de apoyo.
El salario más alto es el del director Canales, que ronda los 40,000 pesos mensuales. Un profesor con doctorado gana cerca de 18,000 pesos y un pasante, casi 12,000. Este capítulo (Servicios Personales) se lleva casi 50% del presupuesto. En 13 años de existencia, se estima haber intervenido 3,500 piezas. Los costos de las restauraciones van por cuenta de la escuela. Ante esta cauda numérica, ¿qué leemos?, ¿las cifras o los significados?
La representación simbólica es aterradora por la cantidad de preguntas a responder. En el 2000, ¡qué signo!, el Presidente del Conaculta era Tovar y la Directora General del INAH, Teresa Franco. Así las cosas. ¿Por qué se eligió ese modelo de copatrocinio?
¿Qué diagnóstico les llevó a fundar la ECRO? ¿Cuáles son los motivadores para decidir por una profesión cuya oferta de trabajo es dominada por las instituciones de gobierno? ¿Cuántos restauradores requiere México para atender su patrimonio? ¿Los tiene o hacen falta? ¿Por qué vale la pena invertir en ello, dado que es una función sustantiva del Estado? ¿Cuáles son los límites de permanencia en la dirección de un organismo académico?¿Qué desorden priva en el Conaculta que le impide cumplir con las transferencias a las que está obligado? ¿Culpemos a la Secretaría de Hacienda de ello? ¿En qué se fundamenta la seguridad de que el presupuesto del 2014 es suficiente si casos como el ECRO ponen en evidencia lo contrario? ¿Que quieren hacer fiesta por los 25 años del Conaculta?
eduardo.cruz@eleconomista.mx