¡Es la Constitución!

A propósito de la celebración de nuestra Constitución el pasado 5 de febrero, el Ejecutivo Federal presentó un ; 18 de las cuales son de carácter constitucional. Más allá de que para conseguir su aprobación necesitaría de dos terceras partes de los votos de los legisladores, con las cuales su partido no cuenta, el mensaje que se manda y las implicaciones para el Estado Democrático de Derecho merecen ser analizadas como tal.

No pretendo analizar cada una de las iniciativas, pero en definitiva me parece que podemos dividirlas en tres grandes grupos:

1. Las que tienen por objetivo concentrar el poder y, por ende, terminar con los equilibrios constitucionales (desaparición de los Organismos Constitucionales Autónomos, así como transformación del Poder Judicial y del Sistema Electoral)

2. Las que tienen por objetivo una aparente ampliación de derechos, pero sin las bases técnicas y financieras suficientes (pensiones y programas sociales en general)

3. Las que resultan inobjetables y representarían un beneficio para la población en general (prohibición del maltrato animal).

A manera de primera reflexión, en lo que respecta al primer grupo, conviene señalar que el mensaje político que se envía es de una regresión política y constitucional de proporciones nunca vistas en la historia reciente.

Reitero, más allá de que parecen ser iniciativas destinadas a quedarse como tal ante la falta de apoyo legislativo, la intención evidente es la de seguir trascendiendo la vida y la agenda pública del próximo sexenio, gestando una concentración de poder en donde la opacidad sería la característica principal de un régimen en donde ya no existiría la división de poderes y los contrapesos como los conocemos.

Por razones evidentes de mi ejercicio profesional, pretendo centrarme en el análisis general de las consecuencias que experimentaríamos como país en caso de conseguir la supresión de los organismos constitucionales autónomos y la como contrapeso de nuestra vida democrática.

No debemos olvidar que muchos de los organismos ya mencionados han sido producto de la lucha por décadas de la sociedad civil organizada. En definitiva, no ha sido el triunfo de uno o varios partidos políticos, sino de la sociedad que ha sido capaz de formar instituciones capaces de dotarnos del más elemental derecho al acceso a la información, a votar y ser votado, entre muchos otros que hoy tenemos absolutamente normalizados.

La eliminación de estos organismos implicaría regresar 60 años en el tiempo, en donde el poder se encontraba completamente centralizado y en donde la transparencia era solamente una lejana aspiración. A mayor concentración de poder, menos democracia.

No obstante lo anterior, debo decir con enorme claridad que la más preocupante de las iniciativas es la que pretende el desmantelamiento del Poder Judicial.

Ante esto, conviene recordar algunas cuestiones. Primero, considero que desde hace tiempo existe un consenso importante en el gremio jurídico, y en la sociedad en general, en el sentido que el Poder Judicial debe ser reformado de manera constante para garantizar el más elemental acceso a la justicia.

Existen todavía muchas áreas de oportunidad en nuestro sistema jurídico que deben ser atendidas con prontitud. Una de ellas, por ejemplo, es en efecto la forma en la que se designa a los . Soy un convencido que no debería ser el Presidente de la República quien propusiera una terna de candidatos, sino que debiera ser el Consejo de la Judicatura quien tuviera dicha facultad.

Inclusive, a título personal me parece que deberíamos tener una clara mayoría de ministros de carrera judicial y apenas unos cuantos con formaciones diversas. Pero no estamos en esa discusión.

La verdadera problemática la encontramos en que la iniciativa del Ejecutivo Federal pretende que las personas juzgadoras, en muchísimos niveles, sean electas a través del voto popular. No es un tema menor que estemos en esta discusión tratándose de impartidores de justicia. A diferencia del Ejecutivo o del Legislativo, en donde las preferencias electorales deben marcar el rumbo en cualquier democracia, cuando se trata de impartición de justicia, el tema no puede politizarse ni dejarse al voto popular directo de las personas.

En caso de ser así, las personas juzgadoras se expondrían a la enorme tentación de tener que ser populares, pero no necesariamente buenos juzgadores. Nos encontraríamos en un escenario en donde la opinión popular, las redes sociales y los partidos políticos serían los encargados de dictar el rumbo de las resoluciones judiciales. Lo importante no sería hacer lo correcto o resolver conforme a Derecho, sino quedar bien con la opinión pública y con los patrocinadores de la campaña.

Todavía peor, imaginemos el escenario de filtración del crimen organizado en elecciones. No quiero ni visualizar lo comprometidos que llegarían los juzgadores a sus cargos, dando como resultado una total precarización y pulverización de la justicia en su más amplio espectro.

Veámoslo con la gravedad que tiene, si esta iniciativa prosperara, para junio de 2025, todos los titulares de órganos jurisdiccionales del ámbito federal serían separados de sus cargos. Esto incluye jueces de distrito, magistrados y, desde luego, ministros.

Que quede claro, la justicia no es un concurso de popularidad y los riesgos de transitar a un sistema como el que se propone terminarían por afectarnos a todos por igual, pues somos los usuarios de los servicios de justicia del Estado. La independencia judicial es un valor fundamental de cualquier democracia y así debemos entenderlo y defenderlo.

No podemos acostumbrarnos como sociedad a este tipo de iniciativas o pretender que no nos afecta directamente. Está claro que la probabilidad de éxito de la mayoría de ellas está por demás limitada, gracias a que todavía contamos con algunos contrapesos en nuestra democracia.

Pero, por increíble que parezca, muy pronto podemos enfrentarnos a un escenario en donde no haya nada que hacer al respecto. En donde la decisión de una persona sea suficiente para cambiar el país de un día para otro, en donde no podamos acceder a la información a la que tenemos derecho como ciudadanos, en donde nuestro voto no cuente, en donde no haya libre competencia y donde sea el Estado quien escoja a los jugadores económicos, en donde no baste ser inocente para librar una acusación, y en donde absolutamente todo gire en torno a la persona que ostente la Presidencia de la República.

Nos ha tomado muchos años y batallas conseguir la incipiente democracia que tenemos en nuestros tiempos. Es momento de honrarla y defenderla, no porque sea perfecta, sino porque queremos seguir teniendo la capacidad de retarla y mejorarla. Ni un paso atrás en la defensa del Estado Democrático de Derecho: ¡Es la Constitución!