Advierten efectos negativos de la tasa Google

La tasa Google puede tener consecuencias negativas en las inversiones y en el crecimiento de la economía, alertó Jorge Alberto Ferreras, inspector de Hacienda y consejero de Finanzas en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (UE), en la inauguración del XXVIII Congreso de los Inspectores de Hacienda del Estado que se celebra en Alicante.

Ferreras advirtió que así lo refleja el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el gravamen a la economía digital, que considera que el impuesto debería ser coordinado y global. Y alertó de que el impuesto puede afectar a las startups y empresas innovadoras. El tributo grava a grandes empresas, pero es indirecto y tiene un efecto cascada que impactará en el resto de los operadores.

En el caso de que los países no puedan esperar a esta fórmula armonizada, como España, que está por aplicar una tasa Google nacional, Ferreras recordó que la OCDE recomienda que se establezcan mecanismos para evitar la doble imposición.

Además, avisó que no están claros los retornos que puedan obtener los estados. España remitió a Bruselas en el Plan Presupuestario que espera recaudar 1,200 millones, cuando Cristóbal Montoro preveía reunir 600 y la UE 4,800 millones.

Sancionarán a quienes camuflen su localización

Asimismo, el gobierno prevé un régimen sancionador específico para disuadir a las empresas que intenten eludir el pago de este nuevo gravamen. En concreto, en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, el ministerio de Hacienda señala que castigará “la realización de cualquier acción u omisión que implique el falseamiento u ocultación de la dirección de Protocolo de Internet u otros instrumentos de geolocalización o pruebas determinantes del lugar de realización de las prestaciones de servicios digitales”.

La tasa Google es un impuesto planteado por la Comisión Europea que trata de gravar ciertos ingresos de las multinacionales de la economía digital, como Google y Facebook. La idea es aplicarlo a las empresas con más de 750 millones de euros en ventas globales, de las que al menos 50 millones correspondan a países de la Unión Europea.

Con esta tasa de 3%, el gobierno aspira a recaudar unos 1,200 millones de euros.