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Jalisco para los jaliscienses, en obras y servicios
Legisladores locales presentaron la iniciativa de Ley de Apoyo a Empresas de Jalisco, cuyo objetivo es garantizar que la mitad del presupuesto que ejerce el Ejecutivo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios privilegie a la Iniciativa Privada (IP) de la entidad.
Guadalajara, Jal. Legisladores locales presentaron la iniciativa de Ley de Apoyo a Empresas de Jalisco, cuyo objetivo es garantizar que la mitad del presupuesto que ejerce el Ejecutivo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios privilegie a la Iniciativa Privada (IP) de la entidad.
La propuesta, que fue presentada por los diputados Enrique Velázquez del PRD y Héctor Pizano del PRI, establece también que 50% de las obras públicas que se contraten se den a constructoras locales.
La intención es que sean beneficiadas las empresas jaliscienses, porque actualmente tienen complicaciones con la actividad económica y el gobierno del estado representa un cliente muy importante , señaló el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Juan Alonso Niño Cota.
Refirió que, anualmente, el gobierno estatal ejerce 30,000 millones de pesos en obra y adquisiciones, de los cuales, sólo una cuarta parte beneficia a proveedores locales.
El coordinador de la bancada perredista en el Congreso, Enrique Velázquez, sostuvo que la iniciativa busca impulsar la inversión y los efectos multiplicadores que ésta traería consigo como generación de empleo y aumento de productividad, además de la consolidación de las empresas locales.
Según la iniciativa, que pasará a comisiones para su análisis, en igualdad de condiciones de precio, calidad y plazo para la adquisición, enajenación, arrendamiento y contratación de bienes y servicios, se dé preferencia en primer término al mercado interno de Jalisco, en segundo lugar al nacional y sólo cuando no exista oferta estatal ni se pueda recurrir a empresas nacionales, se busquen firmas internacionales .
PONEN CANDADOS
Establece montos mínimos y máximos para que el gobierno lleve a cabo una licitación pública. El monto de compra debe ser superior a 15,500 veces el salario mínimo.
En tanto, se someterán a concurso las compras superiores a 6,000 e inferiores a 15,500 veces el salario mínimo, mientras que las adquisiciones que oscilen entre 3,000 y 6,000 veces el salario mínimo podrán hacerse por invitación.
También podrán realizarse por adjudicación directa compras menores a 190,000 pesos, establece el documento.
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