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Padrés y Borge, en la mira del SAT

Al gobernador de Sonora le averiguan depósitos por 1.9 millones de pesos.

Entre los cinco gobernadores estatales que están siendo auditados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) están Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, y el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.

Luego de que el jefe del organismo recaudador, Aristóteles Núñez, diera a conocer el pasado 24 de agosto que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, está siendo auditado luego de discrepancias fiscales, añadió que son cinco los gobernadores estatales a los que el SAT les está aplicando estos actos fiscales.

Ayer se dio a conocer que el exgobernador de Sonora y el gobernador de Quintana Roo también están siendo auditados.

La defensa legal del exgobernador de Sonora dijo que la auditoría del SAT se realiza por depósitos bancarios a comprobar por un monto de 1.9 millones depesos, por los ejercicios fiscales que van desde el 2009 hasta el 2012. El nombre de los otros dos gobernadores aún se desconoce.

Por su parte, el gobernador de Veracruz destacó que la denuncia pública que se hizo fue a 44 personas, a las cuales se les atribuye que son prestanombres y que están vinculadas económicamente a Javier Duarte.

El mandatario estatal añadió que él también presentó una denuncia contra Miguel Ángel Yunes (el gobernador electo que presentó la denuncia pública), por lo que solicitó que se dé cuenta al Servicio de Administración Tributaria.

Acción contra Duarte, gran paso, pero limitado

Luego de que el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, informara que el organismo realiza una auditoría a Javier Duarte, gobernador de Veracruz, por irregularidades fiscales, la cual podría tener una duración de hasta dos años, los resultados de ésta podrían ser limitados para encontrar la responsabilidad legal del mandatario en cuanto al manejo indebido de los recursos públicos, afirmó Hilario Barcelata, coordinador del Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana.

Al respecto, Darío Ramírez, director de Comunicación de Mexicanos Contra la Corrupción organización responsable de denunciar el desvío de 600 millones de pesos y dar a conocer las 32 empresas fantasmas a través de las cuales se realizó , comentó que hasta el momento sólo han sido declaraciones del SAT, dice que están siendo investigados cinco gobernadores, y al mismo tiempo tenemos en la cola bastantes señalamientos, creo que son 22 de la Auditoría Superior de la Federación, en relación con el último año de Duarte como gobernador , señaló.

En el nuevo sistema anticorrupción, el tejido que hay detrás de las redes de corrupción es tan fino, que muchas veces las herramientas de investigación legales para procesar actos de corrupción, el SAT no las tiene a la mano , advirtió Darío Ramírez.

Prestanombres, freno a la investigación

Ramírez dijo que el tema de los prestanombres va ser una de las trabas, porque a través de la auditoría del SAT este elemento no se va a rastrear, hay que seguir trabajando en un marco normativo que le dé más elementos de investigación no sólo en lo evidente que es en buscar las empresas a nombre de Javier Duarte, sino en su círculo más cercano para detectar quiénes son sus prestanombres o cómo tiene escondido el dinero que se ha robado .

Por su parte, Hilario Barcelata refirió que dicha decisión está derivada de una percepción que tiene la autoridad federal de que por el lado de la fiscalización de los recursos públicos no se va a poder encontrar la responsabilidad legal de Javier Duarte. Por ello se tiene que recurrir a la revisión de sus finanzas privadas para ver si no existen discrepancias y averiguar si por medio de éstas logran detectar el manejo indebido de recursos públicos.

Explicó que deben empezar por hacer auditorías a las personas que constituyen la red de complicidad y prestanombres del gobernador de Veracruz, pues en caso de que el SAT encontrara una discrepancia de sus finanzas, lo que hará es una denuncia por evasión de impuestos, pero no puede presumir que el dinero vino de recursos públicos y por tanto tienen que devolverlos, no hay una vinculación legal que pueda llevar a que el trabajo del SAT se refleje en transparentar el uso de los recursos públicos .

ASF tendría que actuar

Hilario Barcelata refirió que el ámbito de acción del SAT es limitado en tanto que sólo hace una revisión de sus finanzas privadas, es decir, no tiene atribuciones para investigar recursos públicos. Eso le corresponde a la Contraloría General del estado, al Órgano de Fiscalización Superior del estado y a la Auditoría Superior de la Federación en la parte que corresponde a los recursos federales. (Con información de Laura Quintero)

estados@eleconomista.com.mx

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