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“Bases razonables”, en pruebas de violaciones de DDHH
La Corte Penal Internacional se encuentra en la última etapa de análisis de testimonios sobre la represión ordenada por Maduro.
Existe una "base razonable" para creer que hubo violaciones "sistemáticas" de derechos humanos contra los opositores de Maduro
Caracas. Muertes en protestas, tortura, ejecuciones extrajudiciales...
La investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en Venezuela atraviesa un momento crucial: el fiscal Karim Khan alega que existe una "base razonable" para creer que hubo violaciones "sistemáticas" de derechos humanos. El 20 de abril vence el lapso para analizar testimonios en La Haya.
Familiares de víctimas entrevistados ven en la justicia internacional "la única forma de tener un poco de paz".
El universitario Juan Pablo Pernalete murió el 26 de abril de 2017 en Caracas, golpeado en el pecho por una bomba lacrimógena que disparó un militar durante manifestaciones contra Maduro que dejaron más de 100 fallecidos, origen de la investigación de la CPI. Tenía 20 años.
"Juan Pablo siempre salía a manifestar (...). Yo le decía: "Juan Pablo, tengo miedo, están asesinando a muchachos". Él me decía: "Mamá, protestar no es un delito"", relata Elvira de Pernalete en su casa, entre balones y medallas de su hijo, que jugaba basquetbol.
El Estado finalmente reconoció en 2021 que el deceso se debió a una bomba lacrimógena y 13 militares fueron imputados por homicidio pero con intención de dañar, no de matar, sin fijar responsabilidad individual.
Hoy, dice Elvira, 11 están libres y otros dos, prófugos.
"Quince veces fue cambiado el fiscal y cada fiscal nos decía que debía comenzar la causa de nuevo", narra.
"Ese día vimos al asesino de nuestro hijo, muy doloroso (...), tuvimos la fortaleza de estar allí".
“Suicidio”
El concejal opositor Fernando Albán murió a los 56 años, tres días después de su arresto en 2018, acusado de estar detrás de un atentado con drones cargados de explosivos contra Maduro.
La versión oficial apunta a un "suicidio". Según las autoridades el dirigente se tiró por una ventana del piso 10 del edificio del servicio de inteligencia (SEBIN), en Caracas, tras pedir permiso para ir al baño.
Familiares y activistas sostienen que fue lanzado al vacío para borrar evidencias de torturas.
"Le violaron todos sus derechos: fue objeto de detención arbitraria (...), desaparición forzada (...), tortura y muerte en custodia", cuenta su viuda, Meudy Osío, en Nueva York, donde vive con sus dos hijos.
Su cuerpo "tenía moretones, fisuras, rasguños (...). Lo que me comentan los abogados es que hay indicios de tortura", dice.