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Cámara de Representantes aprueba desacato de Holder
Con 255 votos a favor y 67 en contra, el órgano determinó que el Fiscal General incurrió en el acto al rehusarse a entregar documentos de la operación Rápido y Furioso.
Washington.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos declaró este jueves en desacato al fiscal general, Eric Holder, por rehusarse a entregar documentos ligados a la operación "Rápido y Furioso" que permitió el tráfico de miles de armas a México.
La medida, inédita hasta ahora contra un fiscal general, fue aprobada con 255 votos a favor y 67 en contra por la Cámara dominada por la oposición republicana, y abre la vía para una acción judicial contra Holder.
Los republicanos acusan a Holder de no entregar documentos que permitirían identificar a los funcionarios del Departamento de Justicia que autorizaron la operación que permitió la entrada de más de 2,000 armas a México entre 2009 y 2010, a muchas de las cuales se les perdió el rastro.
Al inicio de la votación, gran número de demócratas abandonaron la Cámara en señal de protesta contra una medida que a su juicio es política y busca atacar al gobierno del presidente Barack Obama, a cuatro meses de las elecciones.
"A menos que el presidente Obama ceda a este llamado por la transparencia y ponga fin al encubrimiento, nuestra pelea se trasladará a los tribunales, donde lograremos obtener los documentos", advirtió el republicano Darrell Issa, presidente del comité de la Cámara que investiga la operación.
La moción, un desafío republicano al presidente Obama, sucedió el mismo día en que el gobierno obtuvo una importante victoria luego de que la Corte Suprema avalara la reforma sanitaria.
Al aprobar la moción, la Cámara traslada el caso al fiscal del Distrito de Columbia (Washington), quien debe decidir si abre una acción judicial contra Holder, lo cual seguramente no suceda toda vez que ese fiscal pertenece al Departamento de Justicia.
Pero en una segunda votación la Cámara aprobó 258 a 95 otra moción que permite a los republicanos pedir directamente a un tribunal que exija a Holder entregar los documentos.
La Casa Blanca reaccionó rápidamente, tachando de maniobra política la moción de desacato contra "un excelente fiscal general", que a juicio del gobierno ha cooperado de buena fe con el Congreso en su investigación, señaló el portavoz Dan Pfeiffer en un comunicado.
"El voto de hoy es el desenlace lamentable de lo que se volvió una investigación equivocada y políticamente motivada en un año electoral", respondió por su parte Holder.
"Cualquiera sea el camino que siga este tema, no distraerá ni a mí ni a los hombres y mujeres del Departamento de Justicia de sus importantes tareas", dijo desafiante Holder.
El Fiscal General recordó que en la pasada administración del presidente George W. Bush se autorizaron operaciones similares, una táctica utilizada a menudo por las fuerzas del orden para rastrear hechos delictivos.
El escándalo de "Rápido y Furioso", llamado así por el nombre de una serie de películas de acción, se destapó tras el asesinato en diciembre de 2010 del agente estadounidense Brian Terry, en un suceso en el que estuvieron involucradas un par de armas contrabandeadas en el marco de la operación.
La operación fue lanzada en Arizona por la Agencia Federal para el Alcohol, el Tabaco y las Armas (ATF, por sus siglas en inglés), que buscaba rastrear el armamento hasta personas de peso dentro de los cárteles de la droga.
Los republicanos critican particularmente que el Departamento de Justicia les enviara una carta en febrero de 2011 en la que negaron que hubieran ingresado armas a México, pero meses más tarde el documento fue retirado y Holder reconoció el error.
Holder ha entregado al Congreso 7,600 papeles relativos al caso y ha testificado en nueve oportunidades, pero los republicanos quieren los documentos a partir de febrero de 2011, que a su juicio mostrarían a qué nivel del Departamento de Justicia se conocía de "Rápido y Furioso".
El presidente Obama invocó la semana pasada privilegios del Ejecutivo para justificar el rechazo del Departamento de Justicia a entregar los documentos, lo que irritó aún más a los republicanos, que elevaron dudas sobre si la Casa Blanca estuvo involucrada en la operación.
El director de la ATF fue removido de su cargo a causa del escándalo, que también provocó dimisiones de autoridades policiales en el estado de Arizona, fronterizo con México, y principal afectado por esta problemática.
El Departamento de Justicia aún no ha culminado su investigación interna sobre "Rápido y Furioso".
mac