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Corte Suprema EU escuchará argumentos sobre Ley de Arizona
Examinará si procede la aplicación de las sanciones que prevé una nueva ley de Arizona a los empleadores que contraten indocumentados.
En medio del encendido debate en Estados Unidos sobre la política de inmigración, la Corte Suprema examinará a partir del miércoles si procede la aplicación de las sanciones que prevé una nueva ley de Arizona a los empleadores que contraten indocumentados.
La ley de Arizona para sancionar a los empleadores ha sido utilizada sólo tres veces en igual número de años, pero las empresas afectadas se han sumado a grupos defensores de los derechos civiles, a los que respalda el gobierno del presidente Barack Obama, para argüir que sólo el gobierno federal tiene la facultad de aplicar las leyes de inmigración.
El desenlace de este caso podría asimismo indicar la manera como la corte resolverá la ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, cuya mayor amplitud ha suscitado polémica.
El gobierno impugnó jurídicamente la ley y en el segundo trimestre una juez federal congeló temporalmente los puntos principales de la normativa.
Este caso poco visible podría ser necesario, así como otras acciones, por ejemplo observaciones más amplias, que repercutan de manera considerable en el litigio de la SB1070 , dijo Peter Spiro, profesor de ley de inmigración en la Facultad de Derecho de la Universidad Temple.
La ley de sanciones a los empleadores pretendía reducir el papel de Arizona como un centro importante en el tráfico de indocumentados en Estados Unidos porque prevé que los empleadores verifiquen la eligibilidad de sus nuevos trabajadores en una base de datos federal.
Las autoridades podrían suspender o revocar las licencias de operaciones de los negocios a los empleadores que sean declarados culpables de infringir la ley.
Un estudio con encuesta de The Associated Press sobre todas las oficinas de los fiscales de condado en Arizona determinó que de 101 demandas contra empleadores presentadas desde la entrada en vigencia de la ley en 2008, sólo tres terminaron en juicios.
Sin embargo, decenas de redadas en empresas en la zona metropolitana de Phoenix durante las investigaciones contra los empleadores propiciaron la detención de 131 trabajadores indocumentados, sobre quienes pesaron diversos cargos penales, como utilización de documentos falsos o suplantación de identidad para conseguir el empleo.
La ley concebida para sancionar a los empleadores ha perjudicado con más frecuencia a los trabajadores.
Los partidarios de la ley afirman que ésta ha sido necesaria debido a que el gobierno federal ha tenido un desempeño muy malo en la aplicación de la ley federal similar.
También afirman que las leyes del estado han disuadido a un incontable número de empleadores a que contraten trabajadores indocumentados.
Empresas y grupos defensores de derechos civiles impugnaron la ley como un intento claro e inconstitucional para reemplazar a la autoridad federal.
Los abogados de Arizona alegan que aunque una ley federal similar de contrataciones impide a los estados imponer sanciones civiles o penales a empresas que hagan contrataciones ilegales, les permite adoptar medidas que incidan en las licencias de los infractores.