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Tribunal Penal Internacional, dados cargados
Su actuación en Irak fue reprobable, si no acusa a George W. Bush, no se puede esperar imparcialidad, afirman analistas.
Londres. El Tribunal Penal Internacional (TPI) tiene múltiples sesgos que deben de ser atendidos para que se convierta en un auténtico garante de la justicia, comenta Mathias Delori en la edición de mayo del mensual Le Monde Diplomatique, edición España. Delori es investigador en ciencias políticas en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS, por sus siglas en francés) y en el Centro Marc Bloch de Berlín.
Al margen de que muchos de los países más poderosos (Estados Unidos, China e Israel) no han ratificado su estatuto fundador, no dispone de ninguna fuerza policial capaz de hacer que se ejecuten sus sentencias. “El TPI ha multiplicado los procesos que implicaban a ciudadanos de Estados débiles, principalmente a africanos, lo que suscitó una acusación de racismo por parte de la Unión Africana”, Delori.
En la década de 2010, la fiscal jefe Fatou Bensouda, se atrevió a procesar dos causas en las que se inculpaba a Estados Unidos y el Reino Unido por crímenes perpetrados en Afganistán e Irak. Washington reaccionó revocando los visados y congelando los bienes de los miembros del tribunal hasta el cese de las investigaciones. Londres recurrió a artimañas jurídicas que movieron a la fiscal a cerrar el caso por iniciativa propia.
“Si el TPI hubiese inculpado a presidentes como George W. Bush entonces sus sentencias tendrían mucha credibilidad”, comenta Catherine Kessedjian, profesora emérita de la Universidad Panthéon-Assas.
En muchas ocasiones, dada la parcialidad del TPI, las órdenes de aprehensión en contra de dirigentes políticos generan incomodidades diplomáticas. Un ejemplo es Sudáfrica. En 2015, durante una visita del presidente de Sudán Omar al Bashir, perseguido por crímenes contra la humanidad en Darfur, Pretoria se negó a arrestarlo por inmunidad diplomática.
Dados cargados
“El TPI debe de actuar de manera imparcial lo mismo frente a países poderosos que a naciones débiles”, comenta Kessedjian. “No se le puede considerar independiente y ya se le recriminó ese tema en 2009”, cuando un conjunto de países le envió un escrito.
El riesgo de lanzar una sentencia en contra de un presidente en el poder es su radicalización, recuerda Mathias Delori. En 2003, la oficina del Fiscal del TPI recomendaba que antes de actuar se evaluaran los riesgos de “exacerbar” un conflicto o “desestabilizar” una situación.
Así se da una paradoja: la persecución judicial hace más difícil la búsqueda de una solución al conflicto.