Gatopardismo en telecomunicaciones

Lo que no pudieron hacer los maestros de la CNTE con bloqueos de carreteras, manifestaciones y plantones en la Secretaría de Gobernación, lo está haciendo el ingeniero Slim con una notable estrategia. Hombre discreto y mesurado, con un talento nato para detectar debilidades y oportunidades, está desarticulando la reforma de telecomunicaciones con la paciencia y precisión de un jugador de jenga; pieza por pieza desarma la torre sin que ésta caiga por completo. Tirar la torre sería contraproducente: implicaría privar al presidente Peña Nieto de la única reforma que en el corto plazo ha tenido efectos reales en la calidad de vida de los mexicanos. Por eso, la operación debe ser quirúrgica.

Aplicando el principio de “El son de la negra”: a todos diles que sí pero no les digas cuándo, América Móvil (Telmex-Telcel), en su carácter de agente económico preponderante en el sector telecomunicaciones (AEPT), ha ido matizando la reforma en aquello que afecta sus intereses. Si bien la regulación asimétrica ahí está y en el pizarrón es congruente con las mejores prácticas internacionales, en la práctica ha sido imposible implementar lo que se dice en papel. Ha habido varias ofertas públicas de referencia aprobadas por el IFT para que el AEPT comparta su infraestructura pasiva (torres, postes y ductos) con sus competidores y para la desagregación de su red local, pero los precios y condiciones técnicas establecidos las han hecho inviables. Para un alto consumo, como el que se espera que tengan los operadores y revendedores de servicios de telecomunicaciones, los números no dan. En pocas palabras, sale más caro el caldo que las albóndigas. Aunque el IFT ha ido puliendo sus modelos de costos y corrigiendo errores, aún es prematuro afirmar que ha habido un cumplimiento efectivo de la regulación asimétrica. Tan es así, que la concentración de mercado se mantiene cercana a la que existía en el 2014, cuando se impusieron por primera vez las medidas de preponderancia. Así, con tacto, el AEPT ha ido ganando tiempo mientras sus competidores se desgastan.

Otro ejemplo de la estrategia del AEPT es la falta de funcionamiento del sistema electrónico de gestión de infraestructura. A casi cuatro años del inicio de los trabajos para su implementación éste aún no opera porque Telmex y Telcel han entregado la información sobre su infraestructura a cuenta gotas y de manera desordenada, de tal manera que el IFT aún carece de los insumos suficientes para un sistema electrónico de gestión efectivo.

Un duro golpe a la competencia fue el amparo otorgado por la Suprema Corte a Telcel respecto de la mal llamada “tarifa cero” por la terminación de tráfico en su red. Si bien la Corte no declaró a la “tarifa cero” inconstitucional per se, sí fijó un precedente muy grave respecto del resto de las medidas de política pública en materia de competencia económica establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En las tuberías del poder judicial vienen más amparos del AEPT que, con este precedente, irán desmantelando la ley en temas como la prohibición del “efecto club”; es decir, la prohibición para el AEPT de discriminar en precio entre llamadas dirigidas a sus propios usuarios respecto de aquellas dirigidas a usuarios de sus competidores. Con una concentración cercana a 70%, eliminar esta prohibición implicaría el desplazamiento gradual de los competidores.

Si bien el IFT determinó tarifas de interconexión asimétricas para el 2018, nadie quedó satisfecho: para Telcel, la asimetría es excesiva, para los competidores, en cambio, no es suficiente. El hecho de que nadie esté de acuerdo puede interpretarse como un buen trabajo del IFT; sin embargo, no debemos perder de vista de que la única razón de ser de la regulación asimétrica es la de desconcentrar el mercado a través de una competencia efectiva. Si la asimetría aún no consigue este objetivo, debería profundizarse, no suavizarse.

Me queda claro que Telcel impugnará la resolución del IFT y demandará a sus competidores por las tarifas no pagadas del 2014 al 2017, lo cual implicará una vuelta al entorno de litigios e inseguridad jurídica que imperaba antes de la reforma. Como el gatopardo, el AEPT sabe que hay que cambiar para que nada cambie.