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Hechos son amores...
El 10 de mayo, en su conferencia matutina, el presidente de la República felicitó a todas las “queridas madres” del país . Más adelante, un mariachi ofreció un homenaje musical a un conjunto de mujeres-madres de distintos sectores, entre ellas la secretaria de Gobernación. Estos gestos rituales nada tienen que ver con las medidas impulsadas por el actual gobierno que ya afectan la vida cotidiana de millones de mexicanas, en particular de las madres que trabajan.
Si en el sexenio pasado se hablaba de perspectiva de género, pero no se diseñaron políticas públicas integrales, en éste la PEG no existe ni en el discurso oficial ni en las decisiones que, a jirones, se anuncian mes a mes y que no constituyen siquiera un programa de política pública. A la substitución del subsidio a estancias infantiles por la entrega directa de 800 pesos mensuales por cada menor de seis años a las familias, y a la posposición de la convocatoria para los refugios para mujeres violentadas, que además estarán bajo “la rectoría del Estado”, se suma ahora la “revisión de las normas de operación” del Programa Proequidad, cuya convocatoria por tanto se ha suspendido.
Creado en el 2002 como programa de Inmujeres, Proequidad busca promover “el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género” mediante el apoyo con recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan en alguna de las líneas prioritarias de atención, como educación, salud, combate a la pobreza, prevención de la violencia de género, desarrollo económico sustentable. En el 2018, por ejemplo, mediante convocatoria pública, 172 OSC recibieron cerca de 77 millones de pesos, repartidos en montos variables, de 101,000 a 800,000 pesos. En ningún caso puede hablarse de financiamientos millonarios.
¿A qué se destinaron estos recursos? A proyectos desarrollados a nivel local, en coordinación con las comunidades beneficiadas, enfocados en educación sobre salud sexual y reproductiva, en particular prevención del embarazo adolescente y del VIH-sida; en la prevención de la violencia en el noviazgo, de la trata; en la promoción de proyectos productivos (hornos, alfarería, conservas, cultivos, piscicultura), y en la capacitación y fortalecimiento de liderazgos y participación política de las mujeres en estados como Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México. Además de organizar la selección de proyectos, Inmujeres debe darles seguimiento y evaluarlos, bajo un marco de transparencia. Si acaso hubo corrupción, sería entonces corresponsable.
Este mes, la convocatoria del Proequidad se suspendió con base en la circular presidencial que prohibió dar recursos públicos a las OSC, “para terminar con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”, la misma que ha puesto en jaque a los refugios y a otros programas que involucran a la sociedad civil.
Si ya es grave la posposición del acceso a recursos para atender a poblaciones marginadas y contrarrestar rezagos que el propio Inmujeres reconoció el 10 de mayo, resulta preocupante que se “ignoren” consideraciones legales como el hecho de que los 86 millones de pesos asignados para el 2019 están etiquetados en el PEF, y que el mandato del instituto incluye estimular la participación de la sociedad civil en la promoción de la igualdad.
Las voces ciudadanas no han callado ante este nuevo atropello. Las integrantes de los consejos social y consultivo del instituto explicaron en un comunicado que la aprobación de Proequidad es atributo de la Junta de Gobierno de Inmujeres y que sus recursos no pueden reorientarse. A su vez, en un pronunciamiento dirigido al presidente, diversas OSC le han aclarado que éstas no son “intermediarias” sino “beneficiarias directas” y que los fondos sirven a “poblaciones alejadas”, a las que el Estado no atiende, con lo que incumple obligaciones internacionales (CEDAW, Belem do Pará).
Lo que está en juego no es sólo el futuro de éste y otros programas, sino el sentido mismo de Inmujeres, instancia fundada gracias al empuje de la sociedad civil.