Lectura 6:00 min
La Cultura de la Paz, el INE y la Reforma Electoral
La turbulencia de los demagogos derriba los gobiernos democráticos. Aristóteles.
En varias oportunidades hemos abordado, desde la perspectiva de la cultura de la paz, los diversos conflictos y controversias que, de manera cotidiana, se generan desde Palacio Nacional.
A menos de dos años de que culmine el actual gobierno el presidente pretende cambiar las reglas electorales, hecho que se ha tornado en un asunto de polarización, sumado a otros temas como el descomunal apoyo a los militares para que substituyan a la sociedad civil en actividades empresariales, burocráticas y de prácticamente toda índole; el sometimiento de los legisladores federales y estatales para controlar las cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las de los estados; del poder judicial además de la Suprema Corte y a los organismos autónomos reduciéndoles drásticamente la asignación de recursos presupuestales, además de los nulos resultados de la gestión gubernamental. Todo ello con el propósito de concentrar poder, aun violando la Constitución y el marco normativo.
En esta oportunidad abordamos el objetivo del mandatario por imponer una reforma electoral para destruir nuestro sistema democrático que incluye el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
No debemos olvidar que en la última década del siglo pasado aceleramos el tránsito a la democracia de manera ordenada y concertada, se fortalecieron la autonomía del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), y la libertad de expresión con la participación de todas las fuerzas políticas. No es aceptable soslayar que el INE es una institución ciudadana que se ha consolidado debido a su autonomía otorgada en la Constitución.
Hoy se desprecia la realización de procesos electorales nacionales, federales y locales justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular, que el INE ha organizado durante los últimos 25 años, incluyendo el proceso electoral que en 2018 le dio el triunfo al actual presidente, quien pretende que los procesos electorales sean organizados y controlados por el gobierno, lo que haría posible que el movimiento del mandatario se eternizara en el poder, so pretexto de “evitar más fraudes electorales”.
La iniciativa presidencial para reformar la Constitución implica, de aprobarse, la destrucción de nuestra democracia. Su orientación y motivos son regresivos. Se trata de un agravio a nuestro régimen democrático. Propone, entre otras, las siguientes medidas:
- Desaparecer al INE para dar lugar a un instituto nacional de elecciones y consultas;
- Que integrantes del instituto propuesto y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean electos vía voto popular;
- El control de comicios por el gobierno federal, afectando la gestión presupuestal, eliminando la autonomía y su imparcialidad partidista;
- La desaparición de los partidos de oposición para convertir al partido oficialista en partido único y con ello afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, y
- Una eventual prohibición de coaliciones, la creación de nuevos partidos políticos y de asociaciones políticas nacionales para acabar con la actual oposición.
Además, el nuevo sistema propuesto:
- No podría ser aplicado en una elección intermedia para probarlo;
- La mencionada iniciativa es omisa en torno a regular los riesgos y problemas que ya se han presentado como el uso de dinero ilegal, la intromisión del crimen organizado en la postulación de candidatos y para manipular, con amenazas, la voluntad de los votantes los días de las jornadas electorales;
- Tampoco aborda lo relativo a la transparencia en la aplicación de los recursos públicos que reciben los partidos, ni
- Lo relativo a sanciones efectivas a quienes sistemáticamente violan la ley.
Como respuesta de la ciudadanía se ha lanzado una importante cruzada para defender al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a las instituciones electorales locales.
Es evidente que la oposición no parece estar hoy en manos de los partidos políticos, está en los ciudadanos. Debemos reconocer que no está todavía claro cómo habrá de organizarse y capitalizarse para darle el poder que merece. Sin embargo, los partidos políticos resultan indispensables para concretar un éxito opositor.
En estos momentos entendemos por oposición la que pueden integrar el PAN, PRI, PRD y quizás Movimiento Ciudadano. Evidentemente su posible éxito también radica en que sus dirigentes, legisladores ni gobernantes sean doblados por la maquinaria gubernamental.
¿Serán los partidos opositores al régimen lo suficientemente hábiles como para lograr vencer en las urnas al movimiento oficialista? Uno de los retos será la postulación de un candidato único de la oposición que resulte atractivo.
Evidentemente todavía no es oportuno arriesgar a quien pueda contender, pues podría ser destruido por el mandatario y sus huestes.
Es una vergüenza que el actual gobierno, que arribó al poder a partir de una pulcra aplicación de las reglas y normatividad democráticas, pretenda trastocar las instituciones electorales para construir un régimen demagogo y dictatorial, emulando a Hitler y a Mussolini, entre otros.
La sobrevivencia de nuestra democracia está en manos del bloque opositor que frenó la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y, en su caso, del bloque de contención en el Senado. Lamentablemente existe la duda sobre la adopción de acuerdos en lo obscuro para doblar o corromper a los principales protagonistas que podrían anteponer sus intereses ilegítimos y personales sobre el interés nacional.
Sin duda estamos ante un parteaguas y una prueba para las oposiciones de trascendencia nacional.
Confiamos en que no pierdan de vista que colaborar con el movimiento oficialista, en esta arbitrariedad en materia electoral, sería suicida e implicaría dejar de ser opción para quienes reprueban el populismo y la demagogia presidencial, además de la ausencia de resultados.
Lo que está a la vista es la intención de volver al pasado, como si el mundo de ayer hubiera sido mejor.
Recordemos que en el pasado que se añora, la economía estaba cerrada, no se respetaban los derechos humanos y la democracia era una aspiración.
No olvidemos que de la preservación de la autonomía del INE depende la sobrevivencia de nuestro régimen democrático.
*Abogado, negociador y mediador
Twitter @Phmergoldd