Reforma fiscal necesaria o posible

La reforma fiscal de Estados Unidos (EU), promovida por el presidente Donald Trump, fue aprobada y sus efectos comenzarán a repercutir en nuestro país. Esto ha generado diversas opiniones, entre otras las que exigen medidas equivalentes en México como una necesidad inmediata.

La disminución del impuesto corporativo en EU pretende recuperar la inversión que había orientado su destino a diversas latitudes del mundo en la búsqueda de mejores esquemas fiscales, lo cual puede resultar atractivo incluso para entes que creían haber encontrado en territorio mexicano un excelente destino para su desarrollo.

En tanto, nuestro país conserva las características del sistema fiscal vigente desde el 2014, cuando redujo a tres los impuestos con que sostiene la recaudación en un sistema federal que concentra las principales fuentes de ingresos por vía impositiva en ISR e IVA y en menor medida IEPS.

Quienes reclaman una respuesta ágil y equivalente a la promovida por EU omiten valorar las características que diferencian los sistemas económicos, políticos, comerciales y fiscales de uno y otro país.

La forma de hacer negocios, el número de habitantes, el ingreso per cápita, el Producto Interno Bruto, la concepción de un régimen democrático e incluso la centralización de los ingresos tributarios en México en virtud del sistema federal son factores por los que no pueden equipararse las decisiones entre las dos naciones.

Pocas veces la política fiscal, entendida como el plan de gobierno en el que se plasman las fuentes de ingreso tributario y el destino del gasto público, se define en función de las características del país; son otros los factores que definen el rumbo de las decisiones financieras, lo cual carece de lógica e históricamente ha tenido consecuencias funestas.

Normalmente, el planteamiento se hace en atención a diversas cuestiones, delineadas por las prioridades del partido en el poder o de las promesas emanadas de campañas políticas, sin sustancia ni contenido, como las que informalmente iniciaron a finales del año pasado y que encontrarán su cenit a mediados del 2018.

Los precandidatos han omitido propuestas relativas a esquemas de recaudación en un momento en el que se necesitan definiciones al respecto, sus promesas se orientan a combatir la pobreza y abatir la desigualdad mediante programas sociales cada vez más onerosos e insostenibles; sin embargo, esto sólo se puede lograr con una mejor administración y fuentes de ingreso de las que no existen posturas serias y quizá ni siquiera un esquema general.

Uno de los principales indicadores de medición de la calidad y capacidad de los candidatos será su propuesta fiscal, su idea de generar recursos y de fomentar el desarrollo económico en función a ello.

Si ninguno expone de manera formal un sistema de recaudación fiscal basado en las características del país y de su entorno, el futuro será incierto irremediablemente.

En la actualidad, la principal herramienta que ha encontrado el Estado mexicano para incrementar la recaudación es la fiscalización a través de medios digitales: buzón tributario, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), contabilidad y revisiones electrónicas, declaraciones informativas e información de diferentes fuentes son los elementos con los que se pretende generar un incremento a los ingresos tributarios.

Todas estas medidas incrementarán el control, harán crecer la base de contribuyentes y fomentarán que los mismos de siempre paguen más, pero difícilmente convertirán a México en un país competitivo.

Considerando que la evasión fiscal es sumamente elevada, los medios de recaudación implementados serían adecuados e incluso indispensables, si los excesos y la complejidad que alcanzan los diversos procesos requeridos no incrementaran los costos administrativos y no ocuparan tiempos valiosos de las empresas, que bien podrían destinarse a temas de mayor trascendencia.

Si bien es cierto que los siguientes periodos legislativos no serán propicios para modificaciones al sistema fiscal vigente, las propuestas que se esperan de los candidatos deben ocuparse de temas esenciales: reducción de tasas, deducción inmediata, deducción total de ingresos exentos y de las deducciones personales e IVA generalizado con tasas reducidas para conceptos de consumo básico deben ser parte de toda plataforma política que se precie de ser seria.

Una propuesta en la que se ofrezca más gasto social sin mejores fuentes de ingresos no debe tomarse en serio.

*el autor es director jurídico de GINgroup.