ASF advierte que CNDH y FGR deben fortalecer procedimientos en caso de tortura

Pese a que el Gobierno Federal reconoce como problema público el delito de la tortura, tanto la CNDH como la FGR requieren fortalecer los procedimientos para que se realice una supervisión exhaustiva de los centros de privación de la libertad; así como de contar con un protocolo de actuación para presentar quejas, denuncias o medidas precautorias, señaló la ASF.

Como parte de la auditoria de desempeño realizada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la Prevención, Investigación y Persecución del Delito de Tortura, la Auditoria Superior de la Federación señaló que durante 2020, las acciones realizadas por la CNDH y la FGR para la prevención, investigación y persecución de este delito deben consolidarse de forma eficaz, a fin de que exista un trabajo integral a nivel nacional.

Aunado a que persiste la necesidad de contar con una mayor capacidad operativa tanto en la CNDH como en la FGR e incrementar la cobertura de capacitación para los servidores públicos encargados de la prevención, investigación y persecución de dichos delitos, a efecto de que cumplan con sus funciones de forma eficiente. Mientras que hacen falta criterios e indicadores que le faciliten el seguimiento puntual a todas las recomendaciones emitidas.

La ASF también señaló que en cuanto a la investigación y persecución del delito, persisten áreas de mejora para que los registros que genera le permitieran documentar la trazabilidad de los procesos de investigación y persecución del delito, a fin de asegurar que el número de averiguaciones previas y Carpetas de investigación se relacionen con el total de casos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes que la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura debió atender.

Así como documentar que en todos los casos se contara con el Dictamen Médico Psicológico Especializado para determinar la acción penal, a efecto de hacer eficiente la atención en el rezago de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de años anteriores y que un porcentaje mayor de averiguaciones previas y carpetas de investigación, fueran consignadas y judicializadas ante un juez.

En materia de procuración de justicia, se dijo que en 2020, existió la necesidad de que la FGR elabore un diagnóstico sobre la capacidad operativa de la que debe disponer para contar con los policías de investigación y peritos especializados requeridos para su efectiva operación.

“Lo anterior evidenció que existen acciones para consolidar la contribución de la CNDH y la FGR en la garantía de la integridad y seguridad de las personas en detención, encarcelamiento o custodia, a fin de promover, respetar y proteger sus derechos” señala el informe fiscalizador.

rrg