Bases de datos, un pilar del sistema

Con la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se crearán al menos cuatro bases de datos.

Se trata del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas, el Registro Administrativo de Detenciones y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.

Dichas bases se conformarán una vez que entre en vigor el decreto de la ley, publicado el 17 de noviembre pasado, y que de acuerdo con los artículos transitorios sucederá 60 días después de ser publicado.

Una vez en vigor, se ordena crear en un plazo máximo de 180 días naturales el Sistema Nacional de Búsqueda, que estará integrado por nueve puestos, ocupados por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, entre otras instancias más.

De acuerdo con la normativa, dentro de las primeras acciones a tomar está la creación una Comisión Nacional de Búsqueda, y 32 más en las entidades federativas. Dichas comisiones tendrán como encargo, entre otras atribuciones, el crear grupos de búsqueda, con personal especializado de las instituciones de seguridad locales y federal.

La Comisión Nacional de Búsqueda será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. El titular de dicha Comisión será nombrado y removido por el presidente de la República, para su elección, el secretario de Gobernación remitirá la propuesta de perfil al titular del Ejecutivo para que éste lo designe o rechace.

Entre otros órganos de nueva creación, la ley estipula Fiscalías tanto a nivel local como federal en materia de desapariciones, además de un consejo ciudadano que recomendará acciones para el fortalecimiento del Sistema.

Entre las principales atribuciones que tiene la nueva ley promulgada, se tiene que por primera vez se identifican a los probables responsables de las desapariciones, entre ellos, al propio Estado mexicano, precisó en entrevista telefónica María Josefina de León Mendoza, presidenta del consejo directivo de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas AC.

Para que se cumpla le ley, será primordial la vigilancia de la sociedad civil tanto a nivel local como nacional. “Este no va a ser un proceso de la noche a la mañana”, indicó la activista.

“Una cosa es que los necesitamos encontrar y otra cosa también es que hay responsabilidades y eso no lo vamos a quitar, no es tema de negociación, ese es un tema que va a estar ahí siempre y lo vamos a estar vigilando”, precisó.

En tanto que Martha Alicia Camacho, presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, años 70, arguyó que uno de los principales retos que tendrá la nueva ley será generar confianza en las autoridades, la cual es endeble.

Ejemplificó el día de la promulgación de la ley, cuando se suscitó una reunión entre organizaciones civiles y autoridades, entre ellas el presidente, la cual fue cerrada a la prensa.