Dan recompensas por $45.6 millones

El gobierno federal entregó recompensas a ciudadanos durante el 2011 por 46.5 millones de pesos, mientras que en el 2010 la cifra fue de alrededor de 4.3 millones de pesos por denuncias para rastrear y detener a elementos de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.

En un informe al Senado de la República, como parte del avance del Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Gobernación informó que el año pasado se recibieron 15,727 llamadas para alertar a la autoridad sobre la ubicaciones de delincuentes, las cuales fueron canalizadas a las 32 delegaciones de la PGR, la SIEDO, la Fepade, entre otras.

Los montos de recompensa, que van desde 1 millón hasta 30 millones de pesos, se busca obtener información para la localización, detención o aprehensión de 282 probables responsables plenamente identificados de delitos graves, la localización de 38 personas que han sido reportadas como desaparecidas, o bien, la identificación de sujetos relacionados con ese tipo de delitos , indica el informe que fue entregado a senadores.

EXTRADICIONES

El informe menciona que al término del 2011 se presentaron 132 peticiones formales de extradición a México, de las cuales 125 fueron formuladas por Estados Unidos y siete por otros países.

Por otra parte, México formuló 41 peticiones de extradiciones, 28 de las cuales fueron a EU y 13 a otros países.

Acerca de las solicitudes provisionales de extradición presentadas a México, al término del año pasado se contabilizaron 164 solicitudes formuladas por EU y ocho más por otros países. Por otra parte, México formuló a EU 51 solicitudes provisionales de extradición, en tanto que cuatro fueron a otros países.

En tanto, la Segob reportó al Senado que de las 95 personas extraditadas en el 2011, 30 de ellas lo fueron por delitos relacionados con el narcotráfico y 29 entregadas a Estados Unidos.

El Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 afirma que se ha logrado la contención y el debilitamiento de las organizaciones criminales, así como la transformación institucional y la reconstrucción del tejido social, a partir de la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno.