Drogas ilegales: el fin del modelo punitivo

Washington DC. Había aceptado llevarme en un recorrido por las calles de Washington DC, a cambio de su anonimato. Revelar su nombre podía comprometerlo con sus superiores. Accedí. Nadie como él, me dijeron, para conocer cómo operan los vendedores de droga en la capital estadounidense.

Dobla en esta esquina y verás , ordenó el policía encubierto. Al hacerlo aparecían, mágicamente, un grupo de personas. Vendedores, me dijo, heroína, pero también coca, y seguramente marihuana. La escena se repitió al menos unas 30 veces en las tres horas en que transitamos por las calles de la capital. Ese sujeto se llama Bobo, es un hombre con suerte, debe haber salido de la cárcel hace poco , dijo, un poco incrédulo, un poco enojado.

¿No le frustra saber que tan pronto como los detienen casi todos regresan a las calles a hacer lo mismo? , pregunté. El agente me miró unos segundos, como buscando la respuesta adecuada: No soy Superman. Ellos hacen su trabajo y yo hago el mío .

Unos días después, le hice la misma pregunta al inspector Brian Bray, comandante de la División de Narcóticos e Investigaciones Especiales de la Policía Metropolitana. Esta vez la respuesta me sorprendió: Tenemos jueces y jurados liberales que no quieren enviar a las personas a prisión .

Pero, ¿no es una cuestión del número de detenidos, más que de la ideología de jueces y jurados?, ¿cuántas detenciones hicieron el año pasado en DC? , pregunté, 10,000 , respondió. Pensó un momento y dijo: Sí, puede ser que tenga razón, en realidad no tenemos lugar para encerrar a 10,000 personas por drogas . Esta historia se repite por todo Estados Unidos, en donde

de los 2.4 millones de personas en prisión, más de 30% lo está por venta, consumo o posesión de drogas.

El encarcelamiento masivo ha sido, por décadas, la respuesta preferida de las autoridades; 15,000 millones de dólares después, se están dando cuenta de que la estrategia no ha servido ni para reducir el consumo ni para detener la oferta, y por supuesto, ni para reducir costos.

Recesión y cambio

La creación de una política más balanceada es algo que está sucediendo paulatina, pero innegablemente. La clave del asunto está en sus costos. Extrañamente, la crisis económica juega un papel benéfico en este caso, dice Doug Ierely, consejero del senador Jim Webb, que presentó una iniciativa para reformar el sistema de justicia criminal, los oficiales estatales se están viendo forzados a reconsiderar sus prioridades presupuestales, lo que ha incentivado la consideración de prácticas más eficientes sustentadas en resultados.

Es decir, de políticas asociadas con la reducción del consumo de drogas. A nivel estatal, en donde está 90% de los prisioneros en Estados Unidos, se hacen cada vez más evidentes los costos de una política punitiva que encierra a mucha gente y que quizá, no es lo más conveniente para proveer de tratamiento a las personas que cometen crimenes o que venden drogas, dice John Walsh, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una organización No Gubernamental que trabaja para la creación de una política antidrogas más eficaz en Estados Unidos y América Latina. Walsh afirma que, por primera vez, comienza a haber apoyo de los dos grandes partidos políticos para pensar seriamente en una transformación.

Vientos de cambio.

A la lógica económica se han sumado otros factores. No es casualidad, por ejemplo, que de las cinco iniciativas de reforma al sistema de salud que se discutían en el Congreso, cuatro tuvieran provisiones para tratar el derecho al tratamiento de las adicciones. Ése es un gran cambio, dice Joseph A. Califano, exsecretario de Salud, Educación y Bienestar y fundador del Centro sobre Adicciones y Abuso de Sustancias (CASA) de la Universidad de Columbia, reconocer que las adicciones deben tratarse como enfermedades físicas es muy importante, destacó. Para los políticos, se ha reducido también el costo de hablar abiertamente sobre la necesidad de una transformación. Los viejos paradigmas están comenzando a romperse.

Cuestionado al respecto, en el marco de su iniciativa de reforma al sistema de justicia criminal, el senador Webb dijo: Me parece que uno debe entrar al gobierno con la vista fija en resolver los problemas. Esto no significa que la ideología y la criminalización no sean todavía factores importantes en la política antidrogas .

Lo que sí quiere decir es que para los tomadores de decisiones los riesgos políticos de enfatizar otras opciones distintas al encarcelamiento -como el tratamiento de las adicciones- son cada vez menores. Incluso la administración federal parece sumarse poco a poco a la idea que no es una cuestión de ser duro contra el crimen simplemente porque sí, sino es una cuestión de ser más inteligente para combatirlo. El cambio no es completo, pero es ya irreversible.

Iniciativas gubernamentales

Impulso desde el capitolio

En el Congreso estadounidense hay al menos dos iniciativas importantes que, de ser aprobadas, podrían tener un impacto crucial en el cambio de la política antidrogas de Estados Unidos.

La iniciativa del senador Jim Webb

(demócrata de Virginia) para reformar el sistema de justicia penal es, quizá, la más relevante. Con ella, Webb busca reducir el número de personas en prisión como consecuencia de la venta o consumo de drogas.

A la iniciativa de Webb se le suma la HR 2134 que presentaron el 15 de octubre pasado el representante demócrata Eliot Engel y el republicano Dan Burton, con el propósito de crear una comisión especial para revisar la política antidrogas en el Hemisferio Occidental, incluyendo el tema de la reducción a la demanda.

La iniciativa, que como la del senador Webb tiene todavía varios obstáculos legislativos que sortear, se sostiene, sin embargo, en una lógica impecable:

Estados Unidos ha invertido alrededor de 15,000 millones de dólares en las últimas dos décadas sin que con ello se haya logrado reducir la oferta o la demanda de drogas de forma significativa.

¿Y la Federación?

Desde la llegada del presidente Barack Obama al poder, la Casa Blanca ha enviado señales positivas, cuya seriedad podremos evaluar en toda su dimensión cuando la ONDCP (Office of National Drug Control Policy) presente la primera estrategia antidrogas en febrero del 2010.

Mientras tanto, la ONDCP asegura que habrá un mayor énfasis en reducción de la demanda de drogas. Esta administración apoya una política antidrogas balanceada, que tenga soluciones basadas en la evidencia científica para tratar el consumo y el abuso de drogas ilícitas.

Ésa es la retórica de la administración, el año entrante podremos ver si el presupuesto que solicite el Ejecutivo para ello respalda el énfasis señalado en la demanda.