Falta apuntalar la ley de extinción de dominio

Los obstáculos que enfrenta la extinción de dominio han traído desencanto a quienes la veían como un arma legal que fracturaría la columna vertebral de la delincuencia organizada y de su imperio financiero, refiere un documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

En el estudio, a propósito de las reformas legales en proceso, los académicos sugieren que si, efectivamente, se busca garantizar la funcionalidad de la extinción para desmantelar la estructura del crimen organizado es indispensable delinear una genuina coordinación entre las instituciones del Estado responsables de la inteligencia financiera, los registros de propiedad, instituciones bancarias y unidades de investigación patrimonial.

Se plantea que las experiencias de otros países permiten encontrar elementos muy valiosos que deben incorporarse en la ley, como un Ministerio Público autónomo, la simplificación de los procesos para extinguir los bienes del crimen organizado y el establecimiento de un catálogo de nuevos delitos contra los que procede la figura.

El monto de los intereses patrimoniales en poder de la delincuencia organizada que se verían afectados por una aplicación auténtica de la extinción de dominio en México sería incalculable , precisa el estudio.

La Ley Federal de Extinción de Dominio, vigente desde el 2009 y reglamentaria del artículo 22 constitucional, regula la pérdida del dominio de los bienes de la delincuencia organizada que sean instrumento, objeto o producto de delito, en favor del Estado.

Una revisión de la legislación sobre el tema en diferentes países arrojó que en otras partes del mundo es muy amplio el catálogo de delitos para iniciar un proceso de extinción de dominio -cerca de 40 en Guatemala y casi 25 en Colombia- y en México son cinco: delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

La magnitud de los recursos de origen ilícito en el sistema financiero permite estimar que éstos tienen presencia en 78% de los sectores económicos , cita el documento.

Refiere que la experiencia mundial ha llevado a identificar otros requisitos judiciales para una efectiva lucha contra las finanzas del crimen organizado: una ley funcional de extinción de dominio y una legislación para delincuentes arrepentidos.

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