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Obligatorio, índice de expedientes reservados
El dictamen de la ley de transparencia fue aprobado la semana pasada en comisiones, esta semana pasara al pleno para su análisis ya eventual ratificación.
A través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los senadores pretenden obligar a los sujetos obligados a elaborar semestralmente un índice de expedientes clasificados como reservados que contenga los temas que se reservarán completa o parcialmente y la debida justificación para no dar a conocer información al respecto, aunque de antemano la ley establece que los casos de violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad y los de corrupción no serán reservados.
La ley que los senadores votarán esta semana destaca que los sujetos obligados deberán publicar el índice y precisar cuánto tiempo estarán reservados los expedientes. Sin embargo, para que el plazo no sea infinito, se les dará en primera instancia cinco años de reserva y un plazo extra por otros cinco años siempre y cuando haya justificación de las causas que dieron origen a la clasificación a través de la aplicación de una prueba de daño.
La prueba de daño deberá precisar por qué la divulgación de la información representa un riesgo real al interés público o a la seguridad nacional, los perjuicios de su difusión y si la limitación se adecua al principio de proporcionalidad.
En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión , advierte el dictamen.
Cada sujeto obligado integrará un Comité de Transparencia conformado por un número impar, el cual será el encargado de darle mayor eficacia a las respuestas a las solicitudes de información. También determinará el plazo de ampliación a la respuesta, clasificará la información y establecerá programas de capacitación en la materia para los funcionarios públicos.
Entre los sujetos obligados que no tendrán Comité de Transparencia se encuentra el Cisen, la Seido, el Estado Mayor Presidencial, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y las autoridades investigadoras de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, esto porque las funciones de transparencia recaerán en el titular de la propia entidad o unidad administrativa.
Además, el dictamen destaca que se clasificará como confidencial la información que implique datos personales, así como los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal y bursátil.
El presidente del Senado, Miguel Barbosa, consideró que la ley constituye un avance significativo para sanear la vida pública nacional y terminar con la opacidad que ha caracterizado al sistema político.