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Política

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Permanente pide informe de avances en ciberseguridad

El comisionado Rubido, la procuradora y el jurídico de la Presidencia deberán informar al Congreso cuál es su posición respecto de la adhesión al convenio de cibercriminalidad de Budapest.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y al consejero jurídico del Ejecutivo federal un informe sobre los avances de la integración de México en los distintos organismos, acuerdos, tratados y convenios internacionales en materia de seguridad cibernética.

Argumentaron que la ciberdelincuencia va en aumento, por lo que urge atacar el delito para evitar afectación a la sociedad, al orden y al Estado de Derecho.

La velocidad de los crímenes en esta materia es alarmante frente a los instrumentos tradicionales de investigación del Estado mexicano; debido a la velocidad de la transmisión de la información y la rapidez con la que se llevan a cabo la mayoría de estos delitos informáticos, así como la propagación de los mismos, ha sido de gran importancia para la mayoría de los países el regular y legislar para combatir estas actividades , precisa el dictamen.

La procuradora general de la República, Arely Gómez; el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos, deberán informar al Congreso cuál es su posición con respecto a la adhesión al convenio de cibercriminalidad de Budapest.

El convenio de Budapest es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet para combatir, sobre todo, infracciones de los derechos de autor, el fraude relacionado con la informática, pornografía infantil, crímenes de odio y violaciones de seguridad de la red.

Su objetivo principal, que figura en el preámbulo, es seguir una política penal común destinada a la protección de la sociedad contra el delito cibernético, especialmente mediante la adopción de una legislación adecuada y el fomento de la cooperación internacional , agregó.

Argumenta que en México, los cambios más recientes a la legislación en materia de ciberdelincuencia fueron en el 2009, al reformar el Código Penal Federal en donde se adicionaron nuevas tipologías de delitos informáticos; sin embargo, estas modificaciones aún presentan deficiencias, incluso no se consideran delitos como los virus y el acoso cibernético.

tania.rosas@eleconomista.mx

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