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Piden creación de fiscalía especializada en delitos vs periodistas en Sonora
Ante la grave situación de violencia y agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos en Sonora personas del gremio exigieron a las autoridades acciones en materia protección que garantice su labor y seguridad.
Ante la grave situación de violencia y agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos en Sonora personas del gremio exigieron a las autoridades acciones en materia protección que garantice su labor y seguridad.
“El reciente intento de asesinato del periodista Federico Hans en Caborca, Sonora, es un nuevo llamado de alerta roja en la entidad. Esta agresión forma parte de una tendencia mayor de ataques armados en varios puntos del estado, y nos advierten de la gran cantidad de personas armadas que habitan el territorio. Los acontecimientos recientes que pretenden intimidar y obligar a que los medios de comunicación evadan el tema de la violencia generalizada y sus consecuencias, aumenta el riesgo de cumplir con nuestro trabajo tanto para periodistas como para personas defensoras de DDHH”, detallaron las ONG.
Durante el marco de cuatro foros para el: “Fortalecimiento de la protección de personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Sonora”, convocados por Iniciativa Sinaloa A. C, se detalló que, en Sonora, 66 personas en riesgo cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección.
“El hecho de contar con una legislación específica tampoco garantiza la protección, pues no basta con tenerla en papel, sino en que su contenido sea acorde a lo que las personas beneficiarias requieren”, indicaron las ONG.
Ante esto, se propuso un enfoque interseccional que atienda los riesgos específicos de identidad, género, pertenencia racial o étnica y otras condiciones de vulnerabilidad.
También, se sugirió el establecer casas de seguridad, impartir programas de capacitación en colaboración con entidades gubernamentales y universidades, involucrar a las empresas de comunicación en la protección de periodistas, y regular la publicidad oficial para evitar la cooptación de medios y periodistas.
Las organizaciones firmantes solicitaron la creación de una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión y defensa de derechos humanos, con autoridades autónomas y perfiles aptos, con mecanismos de vigilancia ciudadana en los procesos de nombramiento de titulares.